España, sin fondos y sin autonomía

Los fondos europeos juegan un papel importante en la Unión. Son una forma de garantizar que países o regiones no se queden atrás y un medio para consolidar el poder económico de Europa. Sirven para ayudar a que los nuevos Estados miembros logren expandir sus economías y aumentar la fuerza del mercado interior europeo. Y ayudan, además, a corregir parcialmente algunos de los desajustes puntuales que pueda provocar la unión monetaria.

Los fondos europeos han ayudado a países como Irlanda a realizar un milagro económico. Pero en el caso de los países del sur, como España, los efectos de los fondos no han sido duraderos. Los países del sur experimentamos períodos de crecimiento económico que a veces son hasta intensos. Pero en cuanto surgen dificultades, nos vemos abocados a recurrir a la generosidad de los demás. Es lo que ocurrió tras la crisis financiera (aunque no somos punteros en servicios financieros) y también durante el Covid (una pandemia global y no solo del sur). Aunque Italia ha sido miembro de la Unión Europea desde su inicio, su PIB per cápita es similar al del Estado más pobre de todos los Estados Unidos, Misisipi. Y a pesar de las múltiples y enormes cantidades de fondos que España, Portugal y Grecia han recibido de la Unión, su PIB per cápita está muy por debajo del de Misisipi.

 En el debate político español ni siquiera se reconoce nuestra dependencia de los países del norte. En cuanto las cosas empiezan a ir económicamente mejor, los gobiernos (de la adscripción ideológica que sean) se vanaglorian del crecimiento económico sin ni siquiera hacer referencia a los múltiples trasvases de recursos que recibimos. Depender de los fondos de la Unión Europea se ha vuelto algo tan natural que en el Gobierno español actual se jactan de que otros países les piden su 'receta para la economía'. La 'receta' no puede ser más sencilla: una inyección de 37.000 millones de euros de fondos de la UE y otros 124.000 más que están por venir.

Las élites políticas del sur parecen haber renunciado al objetivo de hacer que nuestros países sean autosuficientes y nos podamos financiar por nosotros mismos. El expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem señaló recientemente (con característica dureza) que en el debate sobre los fondos europeos en la UE siempre nos saltamos una pregunta: ¿de dónde va a salir el dinero? En países como el nuestro, eso se aplica no solo a los fondos europeos, sino a todo el gasto público. Los anuncios políticos a todos los niveles (central, autonómico, provincial y municipal) se hacen a menudo sin el más mínimo intento de explicar de dónde provendrá el dinero para financiarlos.

La razón por la que los fondos europeos no han tenido el efecto deseado en los países del sur, como España, es porque el dinero se suele gastar mal. El clientelismo político sigue jugando un papel determinante en la manera en la que se utilizan los fondos a casi todos los niveles. Y la enorme (y a menudo sin sentido) burocracia implica que la mayoría de los esfuerzos se centran en poder sortear barreras administrativas para lograr gastar los fondos, en vez de centrarse en si esos fondos se están gastando bien. Afortunadamente los aeropuertos y carreteras fantasmas financiados con fondos europeos son ya cosa del pasado. Pero el dinero se sigue destinando a multitud de proyectos que no son económicamente transformadores. En los informes que emite el Gobierno central se da información sobre las líneas temáticas de los fondos que luego no siempre se corresponden con la realidad de los proyectos sobre el terreno. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, Castilla y León, bajo las líneas temáticas de competitividad y sostenibilidad se pretenden financiar renovaciones de castillos, carriles-bici en zonas rurales o albergues públicos. En Albacete la instalación de parquímetros. En Canarias, instalaciones deportivas para fútbol femenino. En mi propio pueblo, Olmedo, un «festival de las flores» y un «festival de la luz», etcétera. Puede que muchos de ellos sean proyectos loables (o incluso en el caso del fútbol femenino muy loables) desde un punto de vista social. Pero desde luego no son proyectos económicamente transformadores. ¿Estaríamos dispuestos los españoles a aumentar nuestros impuestos para financiar festivales de las flores, renovar castillos o instalar parquímetros en Bulgaria o en Rumanía?

Mucha de la responsabilidad de que el dinero se gaste mal corresponde a las instituciones europeas, que hacen hincapié en las políticas económicas, pero pasan por alto la necesidad de reformas serias de gobernanza que permitan apuntalar esas reformas económicas. La Comisión Europea no ha adaptado los sistemas de control al mundo digital: ¿por qué no se publican con total transparencia los beneficiarios últimos de cada proyecto? ¿Por qué no se exige que todo el que se beneficie de un proyecto tenga que hacer público y de manera específica su compromiso de resultados (cuántos nuevos puestos de trabajo se van crear, cuánto crecimiento se prevé de cuota de mercado, cuánta expansión a mercados nuevos, cuántos de esos mercados son europeos, etcétera)? ¿Y por qué no se les ha exigido a los gobiernos tener portales abiertos con información precisa y clara sobre el cumplimiento de esos resultados en tiempo real?

Pero otra gran parte de la responsabilidad nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos de los países del sur, que seguimos sin ejercer la presión pública necesaria sobre el estamento político para que el dinero europeo se use en proyectos que realmente transformen de manera duradera la economía del país. El dinero público no se debe malgastar en ninguna circunstancia. Pero especialmente, no se debe malgastar cuando es dinero público de otros contribuyentes.

La autonomía estratégica europea seguirá siendo una quimera hasta que la Unión Europea logre un crecimiento económico duradero. Ese crecimiento requiere que se eliminen las numerosas barreras que todavía existen en el mercado interior. Pero también requiere que, como mínimo, todos los receptores netos de fondos de la UE los utilicen para ir saliendo de su actual dependencia fiscal. Todos los países europeos, incluida España, tienen que aspirar a poder valerse por sus propios medios.