Un sector huérfano de ministerio

Tanto el empleo directo del sector, que cerrará el año 2024 con tres millones de afiliados a la Seguridad Social, como el ecosistema que genera –especialmente en comercio y hostelería, servicios y actividades de ocio cultural y deportivo– han propiciado una facturación aproximada de 200.000 millones y 95 millones de turistas, lo que se resume en más de un 13 por ciento del PIB. Ante esta circunstancia resulta descorazonador observar la inacción del ministro de Industria y Turismo frente a su compañero de Interior. También desazona la escasa empatía que demuestra Jordi Hereu ante el sector que representa. Desde que atisbó hace tres años el decreto, todo el ecosistema hotelero ha luchado por su no aplicación. Primero, por la repercusión directa en los viajeros y las empresas; segundo, por afectar a la reputación que como país referente del turismo mundial mantenemos de forma creciente y sostenida.

España es hoy el espejo en el que se miran otras potencias turísticas en desarrollo. Nuestra consolidación como destino va más allá de otros países ubicados en geografías similares y también ricas en patrimonio, cultura y paisajes. El modelo de España es un completo modelo de éxito. Y no parece muy consecuente que se penalice este modelo de manera deliberada… e irresponsable.

La prensa internacional señala la puesta en marcha del 'decreto Marlaska de anticompetitividad turística' como una suerte de Gran Hermano vigilante que pone en tela de juicio los más elementales datos de carácter privado digitalizados e individualizados. ¿Cree alguien que los titulares que hablan del 'spanish big brother' no disuaden de elegir España a aquellos que, desde el extranjero, preparan sus vacaciones?

Esta decisión demuestra además un provincianismo que no tiene en cuenta choques culturales como los que se producen con el turista del Reino Unido, donde no existe la obligatoriedad de entregar tantos datos personales en los hoteles y donde esta intromisión –que llega hasta la obligatoriedad de especificar el parentesco de la persona con la que compartes habitación– es considerado como un factor negativo a la hora de decidir el destino turístico.

Por otro lado, el sobresfuerzo exigido a cualquier tipo de hospedaje en la recolección y proceso de esos datos es una broma de mal gusto hacia una industria eficiente y profesionalizada, a la que se hace cómplice de un laberinto burocrático de final incierto.

No soy capaz de valorar la conveniencia (quizá sí la eficacia) que para la seguridad conlleven medidas de este tamaño. Pero sí discrepo profundamente con el concepto que del trabajo en equipo tienen los ministerios de Turismo e Interior. Discrepo de la manera en la que Hereu ha hecho oídos sordos al clamor de aquellos a los que debe proteger desde su ministerio, y que están dispuestos incluso a iniciar una ardua batalla legal para que los nuevos requerimientos no sean de obligado cumplimiento normativo. Discrepo de la ausencia de un debate público y abierto sobre las alternativas a esta medida, que permitan garantizar la seguridad sin realizar una intromisión tan clara en la intimidad. Y discrepo del sorprendente silencio del titular de la cartera ante la reacción de quienes son sus representados.

Señores ministros, hablen entre ustedes, escuchen los pros y los contras sin despreciar a quienes llevan años luchando por hacer de la industria turística de nuestro país un eje indispensable para nuestra economía. Pero, sobre todo, sean capaces de escuchar a establecimientos hoteleros, agencias, empresas de alquiler de vehículos, restaurantes, bares, comercios, campings… y turistas. Escuchen, generen regulación razonable que no obstaculice algo tan capital como el beneficio que generan 95 millones de visitantes; y busquen, unidos, una mejor solución al problema. Y, sobre todo, señor Hereu, sea consecuente con el nombre de su ministerio: Industria y Turismo. No perjudique a ninguno de los dos.