La LOSU, esperanza frustrada

Si me pidieran que enumerara un solo aspecto en el que la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) mejora el sistema universitario en España, no sería capaz de dar una respuesta después de haber estudiado las diferentes versiones de la norma. Frente a la visión optimista de algunos medios de comunicación, referida al impacto positivo que tendrá la contratación por la vía laboral, la posibilidad de que el rector o rectora no tengan la condición de funcionarios, de la estabilización de los profesores asociados o que las agencias regionales de evaluación puedan acreditar para los cuerpos docentes universitarios, la pregunta que habría que hacerse es si estas supuestas mejoras resuelven los problemas del sistema universitario español en el siglo XXI. La respuesta, al menos para mí, es no. Es más, en algunos aspectos creo que los agravará. Y esto conviene decirlo por una cuestión de responsabilidad intergeneracional con nuestro sistema y con nuestros jóvenes.

Resulta paradójico que la Ley Orgánica de Universidades de 2001 se aprobara cuando casi todas las competencias en materia de Universidad las tenía el Estado y a pesar de ello no había Ministerio de Universidades, mientras que la LOSU verá la luz cuando la mayor parte de las competencias en esta materia residen en las CC.AA. y, sin embargo, ahora sí tenemos ese Ministerio, el de Universidades, cuya función debería haber sido la de alcanzar el consenso necesario. Una ley que nace sin contar con el compromiso de las CC.AA., ni con informe del Consejo de Universidades ni del Consejo de Estado. Otro hecho paradójico es que se denomine ahora a la ley «del sistema universitario», y debido a la desregulación que la misma promulga, vaya a ocasionar la existencia, no de uno, sino de 17 sistemas universitarios muy diferentes.

La entrada en vigor de esta norma para una Universidad como la de Castilla-La Mancha supondría, de entrada, un incremento de nuestros gastos en personal de más de diez millones de euros al año. Esto sí que será un grave problema para nuestras universidades. Un problema que agravará la situación de infrafinanciación a la que llevamos sometidas desde hace tiempo.

Y si algo tenía de utilidad la ley, ha quedado fulminado en la última versión. Del compromiso de una financiación que alcanzara en 2030 el 1 por ciento del PIB para el conjunto del sistema de educación superior, ha quedado en una mera declaración de intenciones, al tiempo que deja en manos de cada una de las CC.AA. aspectos como la determinación de los requisitos finales para acceder a una beca o del precio público de las matrículas, lo que a buen seguro incrementará las desigualdades entre CCAA.

Somos muy numerosas las Universidades que no queremos esta ley. Porque nos han propuesto la ley que no necesitábamos. Una ley que sólo satisface a unos pocos, que parece estar escrita para unos pocos y que no avanza en los objetivos globales que debería tener la Universidad española del siglo XXI. Es una ley que incrementa el gasto de las Universidades sin comprometer la financiación necesaria y sin el consenso deseable con las CC.AA., ni político, y, lo que es más grave, sin el acuerdo obligado con la comunidad universitaria en España. Con esta situación, por muy claras que tengamos la visión acerca del futuro de nuestras universidades, nos será muy difícil alcanzar nuestros objetivos, por no decir imposible. Esperemos que se rectifique en su trámite en el Senado porque en ello nos jugamos mucho como país.