La cruda verdad

El artículo 62 tan sólo prohíbe que el derecho de gracia, ejercido con arreglo a la ley, incluya el indulto general. Es decir, el Gobierno no puede indultar de golpe a todos a todos los estafadores, sino que habrá de hacerlo uno a uno, nominalmente (como han hecho los sucesivos Gobiernos del Régimen del 78, eligiendo además a los estafadores más nefarios). Pero el derecho de gracia es una potestad del poder ejecutivo; mientras que aprobar leyes es una facultad del poder legislativo. Y en ningún precepto de nuestro bodrio constitucional se establece como limitación a dicha facultad las leyes de amnistía. No se permite al Gobierno conceder «indultos generales»; pero las Cortes pueden evacuar todas las leyes de amnistía que deseen, siempre que una mayoría así lo decida, como también pueden evacuar leyes que aprueben, por ejemplo, el asesinato de niños (que es algo mucho más grave que amnistiar a cuatro 'indepes' errabundos). En realidad, la anfibología del artículo 62 del bodrio constitucional no es más que una añagaza semejante a la anfibología del artículo 15.

Por supuesto, contra las leyes aprobadas en el Parlamento se podrá hacer luego el paripé grotesco de recurrirlas ante el órgano de obediencia política llamado Tribunal Constitucional. Pero como dejó sentado Gregorio Peces-Barba, padrecito del bodrio del 78, la determinación de la constitucionalidad de una ley «depende de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes». Si en el Parlamento y en el Tribunal Constitucional hay una mayoría favorable a la amnistía, habrá una ley de amnistía, por mucho que los constitucionalistas chorlitos pataleen. Comprendo que reconocer la cruda verdad resulte a nuestros constitucionalistas chorlitos tan duro y decepcionante como a los niños reconocer que los Reyes Magos son los padres. Pero sólo la verdad nos hace libres.