Un envilecimiento sin fin

La Ley de Transitoriedad a ninguna parte convertía en norma jurídica el desahogo de los déspotas. El «aquí mando yo» de toda la vida, el qué coño se han creído los jueces. El agrio concepto de «desjudicialización de la política» convierte en conocimiento convencional y en sentido común el despotismo, al traducirse en impunidad del político… siempre que pueda cubrir bajo el manto de una causa ideológica sus crímenes. (¿Debo recordar que crimen es sinónimo de delito? A veces no sé). La experiencia demuestra que el nacionalismo catalán siempre ha logrado salirse con la suya, con la impunidad, cuando ha cubierto sus desmanes bajo dicho manto.

Y lo ha hecho a menudo. Desde el caso Banca Catalana, se extendió una modalidad del delito económico (a veces más que económico) que consistía en robar por Cataluña. ¡Oiga, usted se lo ha llevado crudo! Sí, però per a fer país. Ah, bueno, pues siga, siga. Los robados disculpaban a menudo su merma porque obedecía a un bien mayor, y en aquel régimen de sometimiento masivo voluntario que fue el pujolismo ponte tú a decir que el Gran Guía te ha esquilmado. Las empresas, pequeñas o grandes, pagaban las mordidas y callaban. No iban a renunciar a hacer negocios en Cataluña. Pero sí a la honradez, que supongo estará incluida en lo que hoy llaman Responsabilidad Social Corporativa, Gobernanza y demás.

La desjudicialización de la política es un mal objetivo (pues se traduce en la impunidad de algunos ciudadanos por ser políticos) presentado por la burbuja político-mediática como un bien autoexplicativo, uno que no precisa argumentarse. Tal perversión impregna cuanto Sánchez y su banda han hecho para comprar el apoyo de ERC, desde las reformas a la medida del Código Penal hasta los indultos. Es un concepto tóxico, debería repugnar a cualquier jurista y poner los pelos de punta a cualquier no jurista después de pensar un rato en su significado. Beneficia a los secesionistas, debilita y desprotege a España, consagra la desigualdad ante la ley e introduce la arbitrariedad en el desempeño de los poderes del Estado. Los indultos fueron un gran ejemplo de arbitrariedad, y por eso son ilegítimos: no hubo arrepentimiento sino lo contrario, la declaración expresa de que volverían a hacer lo que les había llevado a ser condenados. Recuérdese que son previos a la despenalización de la sedición. En aquellas condiciones, los indultos no podían otorgarse: la arbitrariedad desborda los límites de la discrecionalidad, característica de la potestad de gracia.

Ahora, los que derogaron la Constitución en la que era mi tierra, los que me negaron la condición de catalán por razones ideológicas, los que iban a imponer una dictadura donde la cima del TS era nombrada por el president, los que llevaron la violencia organizada a las calles por una sentencia judicial, vuelven a acogerse a la desjudicialización de la política. En principio, eso no sería un especial problema para Sánchez y su banda, puesto que los principales defensores del deletéreo principio han sido y son los socialistas y sus medios afines. Ya están en ello. Se señala como una irregularidad algo perfectamente legal, como la inadmisión, por parte de la Sala de Vacaciones de TC, del recurso de Puigdemont contra la orden del Supremo que ordena su detención. Se miente a los lectores y a las audiencias afirmando que le corresponde al Pleno pronunciarse al respecto. Es falso de toda falsedad, entre otras razones (evidentes para los juristas de verdad) porque estamos ante un asunto que concierne a medidas cautelarísimas. También arguyen los sanchistas que todo lo que atañe al procés ha sido resuelto hasta ahora por el Pleno. ¿Y qué? ¿Dónde está la norma jurídica que impone tal cosa? No existe porque no puede existir: sería una ley particular, y las leyes son generales. Desean, claro, complacer a Puigdemont para servir a las negociaciones de investidura de Sánchez. Aunque en mi opinión nunca contentarán a Puigdemont y no tendrán el sí de Junts, resulta un espectáculo degradante ver a editorialistas y juristas mercenarios retorcer y retorcer las palabras para confundir a los legos. El problema nunca ha sido la necesidad de desjudicializar la política, sino la de despolitizar la justicia.