Libertad en primera instancia para Alves (y ya veremos)

Pero la realidad es más compleja. Dani Alves fue detenido acusado de un delito de agresión sexual en enero de 2023 y desde entonces ha pasado sus días en prisión porque se entendía que el suyo es un perfil de alto riesgo de fuga. Acudió en furgón a las sesiones del juicio y pernoctó en la cárcel hasta que se dictó la condena, 14 meses después.

La pena, lo es a cuatro años y medio tras un atenuante de reparación por el dinero que adelantó para indemnizar a la víctima llegado este caso. Y lo es en aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' porque, como dice la propia sentencia, estaba en vigor en el momento de los hechos -la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022- y es «más beneficiosa para el reo». No es un detalle menor, visto el debate en redes. Hay otros que considerar, como que la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la defensa del futbolista, como la víctima y la Fiscalía ya han anunciado que lo presentarán. Cuando llegue la resolución de ese recurso, que podría ir desde aumentar la condena hasta absolverle, tampoco será firme. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo salvo que todos los concernidos -escenario poco plausible- quedaran antes satisfechos.

Otro detalle que conviene traer a colación es que el mantra de «la justicia lenta no es justicia» resulta familiar porque en España, con demasiada frecuencia, ágil no es. Tampoco se puede obviar un matiz que a menudo se ignora y es que sin sentencia firme la situación de encarcelamiento siempre es provisional. ¿Y cuánto puede estar una persona privada de libertad y bajo el mayor castigo penal que contempla nuestro estado de Derecho siendo algo transitorio? Pues lo marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene un párrafo esclarecedor: «Si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida». Para Dani Alves, ese límite son dos años y tres meses. Ya ha cumplido más de uno.

Con estos mimbres, es fácil cuestionar que cupiese una prórroga de su encarcelamiento preventivo, porque al fin y al cabo, tiene un año por delante hasta el tope. Pero otro ingrediente eran los tiempos de la Justicia. La propia Sala explica que la prisión de Alves podría «ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia». Dando así por hecho que en un plazo de más de un año no habrán visto dos tribunales esa sentencia, cabe interpretar que si constase que tardan menos, podría seguir en prisión. Y no deja de ser inquietante, que no se trata de una de esas sentencias de 1.600 folios fruto de un año de juicio, como la de Gürtel. Son 61 páginas de un suceso de agresión sexual sobre las que tres magistrados experimentados podrían pronunciarse en un tiempo mucho menor, si se dedicasen a ello. Pero este no es, ni de lejos, el único asunto que va a llegar o habrá llegado a ninguna de las instancias y tendrá que esperar turno. La Audiencia lo sabe.

En los tiempos hay otro matiz que no gustará a Irene Montero y que ponía en evidencia el penalista José María de Pablo. Con la ley anterior al 'sí es sí', la condena habría podido llegar a seis años de cárcel. La mitad serían tres, y por tanto, más margen para prorrogar la prisión provisional de Dani Alves.

Pero lo que subyace de fondo son las garantías del propio sistema. Su propio control interno. Si el futbolista, como el comisario Villarejo -condenado a 19 años y está en su casa- o el Pequeño Nicolás -cuatro condenas y en su casa- estuvieran penando y finalmente, resultasen absueltos, habrían sido sometidos a una privación brutal de derechos de manera injusta. Que se lo digan a Luis Pineda, de Ausbanc, condenado en 2021 y recién absuelto en el Supremo. Habría pasado para nada estos tres años en la cárcel más los que estuvo ya en preventiva a su detención. Y no hay indemnización que devuelva el tiempo perdido.