Proceso destituyente

El choque de legitimidades abierto por la votación de ayer incluye la deslegitimación de ejercicio de una Cámara legislativa subordinada a los intereses espurios del poder ejecutivo. La amnistía ha sido negociada –en el extranjero– como parte de un contrato bastardo suscrito a instancias de unos delincuentes que desean ver borrado su delito. Su conveniencia, su legalidad e incluso su misma posibilidad han sido negadas en público con reiteración por el presidente y los ministros, y no figuraban en el programa electoral de su partido. Las encuestas de opinión pública reflejan un rechazo masivo y la convierten en materia inflamable de un visible enfrentamiento cívico. La ausencia de Sánchez en la sesión parlamentaria demuestra su voluntad de alejarse del evidente desgaste que le provoca el conflicto. Y la rutina con que los portavoces socialistas defienden su indigente argumentario propagandístico certifica que ellos mismos son conscientes de que su empeño carece del mínimo soporte objetivo.

A estas alturas, Moncloa sólo confía ya en pasar cuanto antes el mal trago y en la esperanza de que la población no tarde demasiado en olvidarlo. El plan gubernamental saldrá adelante si sus adversarios no logran convertir el repudio ciudadano en el eje de su trabajo a lo largo de todo el mandato. No tanto por erosionar la alianza sanchista como por defender la soberanía nacional de un ataque arbitrario y por lealtad al pacto democrático cuyos fundamentos corren serio peligro de colapso. Más que alharaca dialéctica o frases grandilocuentes en las redes sociales, esa misión necesita pedagogía institucional, firmeza de principios, claridad de mensajes y, sobre todo, tenacidad para persistir en la denuncia de la quiebra de los valores constitucionales. La crítica a la amnistía –también desde muchos sectores de izquierda– tiene la razón de su parte. Pero las causas que no se sostienen en el tiempo acaban decayendo de modo inexorable.