Política de mercado (negro)

Y el relanzamiento en su antiguo feudo perdido lo van a sufragar los contribuyentes con su dinero. En concreto, además de otras promesas de infraestructuras de dudoso cumplimiento –el tardío desengaño de Teruel puede servir de ejemplo–, la condonación es de seiscientos millones de euros que Hacienda va a mutualizar con la misma discrecionalidad que ha decidido aplicar en Cataluña para que los separatistas comiencen a negociar los Presupuestos. Detrás viene una cola de socios heterogéneos acostumbrados a explotar la precariedad del Gobierno para arramplar con toda clase de privilegios, desde exenciones fiscales a alivio penal de presos pasando por cesiones de competencias, asientos en empresas estatales, beneficios energéticos o, como en el caso jienense, simple compraventa de ayuntamientos. La necesidad de conservar el poder literalmente a cualquier precio ha convertido la legislatura en un mercado negro. No es magia, son tus impuestos.

Los escándalos de corrupción encarecen la subasta. Mientras más arrecie la tormenta judicial, más subirá la tarifa de la colaboración parlamentaria. El fenómeno no es nuevo; se ha producido cada vez que un Gobierno se queda en minoría, puro juego de contraprestaciones democráticas. La novedad consiste en la manera descarnada y discriminatoria con que el sanchismo aborda estas transacciones a medida de sus urgencias tácticas, y en la extensión del zoco político al plano provincial, y hasta local si hace falta, con la consiguiente escalada de agravios y reclamaciones desigualitarias. El caso de Jaén es sólo la metáfora de la voluntad de disponer de la caja común como una fábrica de moneda con la que acudir a la lonja de alianzas abierta para complacer a los promotores de la insurrección catalana. Cuestión de escala. Si se puede comprar una amnistía diseñada a la carta, por qué no se va a poder vender una ciudad a la puja más alta.