Los límites del poder

Son bastantes los juristas que observan en el instructor del 'Begoñagate' un modo de proceder poco ortodoxo, por no decir errático, susceptible de acabar provocando que la Audiencia archive el sumario. Sin embargo aún son más los que se asombran de la brutal campaña desencadenada por el sanchismo contra el magistrado. Ni siquiera Marino Barbero, el juez del remoto asunto Filesa, recibió una presión tan directa como la que su colega está soportando, con el ministro de Justicia a la cabeza de una brigada de asalto. La grave acusación de prevaricador sólo se justifica denunciándolo y/o recusándolo, y en caso contrario es simple calumnia o difamación al (dudoso) amparo de la prerrogativa de los dirigentes aforados. Esa «cacería» que proclaman el oficialismo y su entorno mediático se está produciendo en realidad contra la autonomía jurisdiccional de un juez empeñado en hacer mal que bien su trabajo por mucho impacto que tenga en el escalafón superior del Estado.

La reacción desproporcionada de Moncloa, rayana en la histeria, demuestra que Peinado ha pisado un cable de alta tensión con grave peligro de incendio. Sea o no consciente de ello, su investigación plantea la cuestión cenital de la supremacía del Derecho frente a la tentación del poder político de blindarse en un espacio de impunidad y de supuestos privilegios. No existe choque de legitimidades porque la justicia, como el resto de los poderes, también emana del pueblo; lo que hay es un concepto espurio de los límites del ejercicio público, de la responsabilidad de los gobiernos. Begoña Gómez no es la categoría sino el ejemplo, pero un ejemplo que ha desatado en el entorno presidencial una crisis de nervios porque afecta al sentimiento de invulnerabilidad del Líder Supremo, un hombre acostumbrado a que su voluntad prevalezca por encima de las evidencias fácticas, los códigos legales y los compromisos éticos.