Latifundio de poder

Por citar algunos ejemplos más recientes, Zapatero buscó acomodo a Leire Pajín, Bibiana Aído o Cristina Narbona en organismos internacionales de cierto renombre, y Rajoy envió a Wert y a Trillo a las embajadas en la Unesco y en Londres, aunque ambos presidentes habían prometido profesionalizar con puestos de carrera los destinos exteriores. En todos los casos hubo debates de idoneidad, protestas corporativas o denuncias sobre enchufismo de amigotes, sin que ninguna de esas polémicas desembocase en ceses o revocaciones. Este tipo de quejas sólo sirven para que los españoles descubran que el organigrama del Estado dispone de un número asombroso de sinecuras con las que pagar favores.

La ocupación de los organismos independientes con peones de obediencia es asunto distinto. También se ha producido de manera más o menos puntual en Gobiernos de todo signo pero bajo el sanchismo ha adquirido carácter de designio sistemático, de plan político prestablecido.

La insistencia en el procedimiento demuestra que ya no se trata de premiar servicios sino de restringir o anular la autonomía de las instituciones situando en ellas a dirigentes del partido, personas de máxima confianza y, en demasiados casos, exmiembros del Gabinete que saltan directamente desde la sala del Consejo de Ministros. Más que un método indecoroso o poco estético, es un proyecto de conquista, de hegemonía, de sometimiento de los contrapesos democráticos a la voluntad del Ejecutivo. Un mecanismo de correas de transmisión diseñado con un concepto cesarista de control omnímodo: el poder como latifundio en régimen de aprovechamiento intensivo.

En esa especie de predio explotado como finca de labranza privada apenas quedan ya por colonizar dos parcelas de esencial relevancia: el poder judicial y el Banco de España. La justicia es la clave de la supervivencia del modelo constitucional, el dique de seguridad (jurídica) que protege al Estado de derecho de las tentaciones iliberales o autocráticas, y su desempeño autónomo se perfila como la gran batalla de esta legislatura nacida de un pacto para desautorizarla. El regulador financiero, cuyo gobernador se ha mostrado muy poco complaciente con la Moncloa, tiene fijada para junio de 2024 la renovación obligatoria de su mandato. Ahí no queda margen de duda: habrá dedazo y el elegido ocupará el cargo durante los próximos seis años. De modo que si el escalafón jerárquico de los jueces cede al asalto, Sánchez dispondrá de todo el territorio institucional consagrado a mayor gloria de su liderazgo.