Euroindiferencia

También estaba Puigdemont, por supuesto, sonriente y satisfecho en su asiento porque al cabo de seis años ha logrado su principal objetivo estratégico. Que no consiste sólo en evitar el procesamiento sino en convertir su caso en una cuestión de ámbito extranjero y en abrir una polémica sobre nuestro Estado de Derecho. En realidad fue la Justicia europea, en concreto la alemana y la belga, la que denegó desde el primer momento la orden de entrega solicitada por el juez Llarena, y luego el propio Parlamento le concedió inmunidad y le permitió ejercer de diputado sin problemas. No cabe, pues, esperar gran cosa de un entramado internacional de gobernanza tan compleja que resulta incapaz de comprometerse en serio con una guerra en sus propias fronteras. Y donde los desafíos separatistas incomodan menos –y esto lo sabe Sánchez, y lo explota con destreza– que la emergente fuerza electoral de la extrema derecha.

El constitucionalismo español carece, como durante el 'procés', de capacidad, habilidad y recursos para rebatir la propaganda del independentismo, ahora reforzada por el mismísimo poder Ejecutivo. No consigue que la opinión pública exterior entienda el peligro de un desmantelamiento subrepticio del orden jurídico. Ni siquiera puede o sabe desacreditar la existencia inadmisible de esos 'verificadores' clandestinos encargados de garantizar los acuerdos del Gobierno con sus aliados como si fuesen mediadores legítimos en un conflicto. Las multitudinarias manifestaciones contra la amnistía apenas han tenido fuera del país un vago eco en periódicos y noticiarios. El poder judicial se desespera ante la ausencia de respuestas a sus quejas de amparo. Ruido hay, pero muy escaso comparado con los escándalos húngaro o polaco. O alguien encuentra pronto el modo de aumentarlo o la vía europea acabará (también) en fracaso.