El estado de la cuestión

De lo que cupo colegir en el hermetismo de los corrillos palaciegos, el acuerdo de investidura progresa adecuadamente a falta de algunos flecos. El primero, que 'Puchi' se conforme con la presentación y admisión a trámite de la ley de amnistía en el Congreso porque a la aprobación, aunque se efectúe por vía de urgencia para evitar que el PP la obstruya en el Senado, no va a dar tiempo. El segundo, que la exposición de motivos, la explicación conceptual, ideológica y política del proyecto, no humille demasiado al Gobierno. Los recursos y el planteamiento de una cuestión judicial de constitucionalidad por el Supremo se dan por supuestos pero Moncloa quiere un preámbulo con el que pueda vender sus argumentos de generosidad, pacificación y otros eufemismos que ablanden la evidencia del sometimiento a los insurrectos. Y el tercer detalle, pero no menor, que los independentistas aflojen su exigencia de un referéndum o la difieran hasta mejor momento.

Más traducción: la oferta consiste en una norma orgánica de perdón completo e inmediato, con un prefacio saturado de subterfugios semánticos, y una imprecisa votación «consultiva» a medio plazo. El voto de Esquerra, Bildu y el PNV –Sumar no es más que un apéndice sanchista– está ya asegurado y el resto depende del viento que sople en Waterloo, favorable por ahora a salvo de un cambio inesperado. Hay otra duda, menos relevante: el Ejecutivo desea una sola votación, mayoría sin suspense, y dos presupuestos incluidos en el pacto, pero en el peor de los casos se conformará con revalidar el mandato en precario. El proceso tiene pinta de no ser rápido: con la jura de la princesa Leonor por medio parece desaconsejable envenenar el ambiente parlamentario y empañar la solemnidad del acto con el previsible escándalo. Y mientras tanto, el arreglo se gestionará a cencerros tapados, no sea que acabe mal y no haya manera de justificar el fracaso. Las transparencias, como las bicicletas, son para el verano.