Lecciones de los salarios en España

La primera gran lección vino de los Pactos de La Moncloa. La inflación superaba con creces el 20 por ciento, en parte por los efectos de segunda vuelta ocasionados por la propia subida de los salarios. El cerebro económico del momento, Enrique Fuentes Quintana, zanjó que los salarios no debían actualizarse con la inflación del ejercicio pasado, sino con la previsión de inflación del ejercicio entrante. Ese sería el modelo de revalorización de sueldos en España desde entonces. La tesis era lógica: la inflación no sólo hace mella en los trabajadores; también en los empresarios. Al valorarla retrospectivamente, para compensar al trabajador, castigamos al empresario con una suerte de penalti injusto: el poder adquisitivo ya es irrecuperable. Por eso, de las dos opciones posibles –valorar la inflación pasada o la futura para las revisiones salariales–, la primera es nefasta porque empeora la situación, generando una espiral salarios-precios que empobrece las rentas, deprime el consumo y obliga al empresario a cuestionar su plantilla. La segunda opción implica asumir un sacrificio entre empresa y trabajador para competir y consolidar el negocio manteniendo el empleo. Esa modificación de la negociación colectiva salvó al mercado laboral español de una sangría de puestos de trabajo inasumible. Los acuerdos empresarios-sindicatos se consolidaron a partir de esas bases.

En los comienzos de la democracia, la negociación colectiva, surgida a finales del siglo XIX, empezó a rodar con la nueva estructura sindical y empresarial. Pero el clima social era áspero. La conflictividad laboral hacía mella en las empresas y en la economía en general, con más de 150.000 horas de trabajo perdidas por huelgas al año. Los convenios colectivos de las provincias y de los sectores se mostraron como la única herramienta eficaz para lograr la paz social y reducir los paros. Pero no fue hasta 1997 cuando la negociación salarial superó el ámbito del sector o de la provincia y se convirtió en un instrumento de responsabilidad nacional útil para la modernización de la economía española. Los sindicatos y las organizaciones empresariales crearon los Acuerdos Interconfederales de Negociación Colectiva, directrices salariales de ámbito nacional dirigidas a las más de 4.500 mesas de negociación existentes en España. Esa filosofía de los acuerdos interconfederales –impulsados por Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas en el ámbito empresarial y por Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez en el lado sindical– fue crucial en la recuperación de España de la crisis de 2008.

Lamentablemente, España afrontó esa situación con los salarios indexados a la inflación, un mecanismo inútil para anticiparse a cualquier coyuntura. Y así ocurrió: el rápido y virulento golpe de la crisis de las 'subprime' sorprendió a un mercado laboral español lleno de rigideces. Los salarios subieron en 2008 un 3,6 por ciento, a pesar de que la inflación cayó a menos de la mitad. La consecuencia fue que el año 2009 se coronó como uno de los más dramáticos para el empleo, con la pérdida de 1,2 millones de puestos de trabajo. Sin opción a la flexibilidad, la contracción se cebó con las plantillas, mientras que la obligatoriedad de los convenios propició un duro contraste: unos trabajadores perdían su empleo y otros recibían subidas superiores al 2 por ciento.

Se atribuye a Abraham Lincoln el aforismo «no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy». Es esa responsabilidad de la que hicieron gala los agentes sociales con el pacto salarial de 2010 y el subsiguiente de 2012, que daban a las empresas la flexibilidad imprescindible para superar la crisis: los salarios se desindexaron de la inflación; y la productividad de la economía y de las empresas se incluía para determinar las revalorizaciones. Así, España empezó a caminar en la misma dirección que nuestros países vecinos. Este cambio de paradigma no sólo impulsó la creación del empleo desde 2014, sino que también ha sido el gran salvavidas para trabajadores y empresas durante la pandemia y la crisis inflacionaria.

Y llegamos a 2023. El crecimiento de los sueldos en España ha sido heterogéneo: hemos asistido a firmas de convenios con alzas superiores al 6 por ciento, al tiempo que otros rubricaban el 2 por ciento o menos, mientras que la recuperación del poder adquisitivo se ha incluido en cláusulas flexibles que no ponían en peligro el empleo. Lo que nos enseña la historia reciente de España es que no hay espacio para dicotomías entre trabajadores y empresarios si lo que se pretende es el progreso.

La responsabilidad demostrada a lo largo de la historia ha vuelto a imponerse en el reciente Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado hace escasas semanas. La filosofía que subyace a este acuerdo prioriza el mantenimiento del empleo y la recuperación de las empresas y, en un momento especialmente complejo, supera las antiguas victorias de trinchera entre trabajador y empresario. Sella la flexibilidad como base y no sentencia a ningún sector, ni a ningún territorio, obligándole a asumir incrementos salariales que no pueden permitirse sin menoscabar el futuro de las empresas y los empleos. Además, reivindica un principio jurídico esencial: la libertad de los negociadores para consensuar la organización de los centros de trabajo, limitando las injerencias del Gobierno.

Como empresario puedo asegurar que esa es la lección aprendida en el seno de las compañías: que solo podemos crecer si los intereses comunes de empresa y trabajadores van soldados. Es también la lección que he pretendido aportar durante el difícil proceso que ha conducido a este AENC. La complejidad de los mercados, la competencia entre países y la incertidumbre nos llamaban a la responsabilidad. Será el tiempo el que dirá si, como nuestros predecesores, fuimos capaces de contribuir al progreso del país.