Editorial
Europa ya señala a Sánchez
El comisario de Justicia, Didier Reynders, expresa «serias preocupaciones» por la ley de amnistía y les pide detalles a Bolaños y Llop sobre la norma que intentará beneficiar a los socios del Gobierno
PSOE y Junts pactan negociar un referéndum y una amnistía de 2012 a 2023
Lee el documento íntegro del acuerdo
Directo: Pacto PSOE-Junts para la investidura de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez cada vez está más solo. El relato que el presidente en funciones impuso a sus fieles tras el 23J y por el que hasta once ministros y él mismo tuvieron que retorcer sus discursos sobre la constitucionalidad de la amnistía, está generando una colección de fracturas de confianza que trascienden ya al ámbito internacional. Sentarse a negociar con prófugos de la justicia una intervención legislativa de tantísimo calado ha alertado a las autoridades europeas y es nuestra reputación comunitaria la que ahora se pone en juego. Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, ha remitido una carta a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop en la que expresa «serias preocupaciones en relación con la posible aprobación de una ley de amnistía», lo que evidencia el nivel de interés que comienza a adquirir esta cuestión en el contexto de la Unión Europea.
El Partido Socialista, en su huida hacia adelante y en la pérdida de cualquier límite a la hora de lograr que Pedro Sánchez revalide como presidente del Gobierno, ha emprendido un camino que puede acabar resintiendo gran parte de su patrimonio e imagen exterior. En apenas unas semanas, la operación política de una amnistía que fue descrita como contraria a derecho por el propio presidente del Gobierno antes de las elecciones, está generando una colección de daños que cada vez parecen más incontrolables. No se trata ya de quebrar la herencia histórica del partido, contraviniendo las severas advertencias de padres fundadores del socialismo democrático como Felipe González o Alfonso Guerra. Tampoco ha parecido un coste suficiente que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido un severo comunicado en el que alerta de los riesgos que supone para el Estado de derecho legislar en función del interés propio con una medida claramente excepcional. Ahora es la propia Comisión Europea la que formalmente y por escrito se muestra preocupada por el alcance «personal, material y temporal» de una norma que se está redactando de mano de aquellos a los que se intenta beneficiar a cambio sólo de siete votos.
Reynders ha advertido en numerosas ocasiones de la necesidad que tiene nuestro Gobierno de renovar el CGPJ y de arbitrar un método de elección para el Consejo que sea acorde con los estándares europeos. La nueva carta, que insiste en estas garantías democráticas, sitúa la cuestión de la amnistía en una nueva dimensión y demuestra que la preocupación de tantos juristas y ciudadanos por el debilitamiento del principio de legalidad está más que fundada. Lo que está en juego ya no es sólo el prestigio de un partido o la inexistente palabra de un presidente, sino la arquitectura democrática e institucional de un país miembro de la UE. El requerimiento del comisario de Justicia de la Comisión encaja coherentemente con la inquietud transversal de los españoles que se están manifestando pacíficamente ante el intento de desmantelar principios democráticos básicos. Bolaños y Llop no son dos 'apparátchik' al uso, como otros ministros o políticos socialistas implicados en la operación. Son dos altos funcionarios que forzosamente tienen que ser conscientes de la gravedad y del riesgo que entraña para nuestro país y para su prestigio la tramitación de una ley de amnistía como esta. La ciudadanía española encontrará el amparo de las instituciones democráticas y, a partir de esta carta, se demuestra que también Europa está siendo testigo de cómo se negocia una investidura a cambio de resentir garantías democráticas básicas como la igualdad ante la ley y algunos de los fundamentos del derecho más elementales.
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