El engaño de la Universidad

Tras haber seguido con detalle toda la tramitación y los distintos borradores de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, creo que no me arriesgo al vaticinar, y por lo tanto a hacer un servicio al Estado, que la ley va a generar una crisis en la educación superior de nuestro país. Es cierto que el nivel superior no está peor tratado por este Gobierno que otros niveles educativos; el cambio de tendencia en las cifras de abandono educativo temprano ha coincidido en el tiempo con la puesta en marcha de la LOMLOE. Obviamente, no estamos hablando de causalidad, pero no deja de ser llamativo y pasa por la falta de instituciones educativas fuertes en la 'ley Celáa'.

¿Por qué son importantes las instituciones educativas? En un reciente artículo con Teresa Ballestar de la URJC, Aida García del IPR (Universidad de Bath), Ismael Sanz de la URJC y la LSE en el 'Journal of Business Research' demostramos para el caso español, a través de métodos de Inteligencia Artificial, que el nivel formativo de los empleados de las empresas facilita la adopción de nuevas tecnologías, en concreto la robotización, lo que favorece la competitividad de las empresas, la creación de empleo y la pervivencia del negocio. Citando de nuevo a Asimov, «la verdad científica está más allá de la lealtad y la deslealtad».

Cabría por lo tanto pensar que cualquier administración pública tendría el mayor interés a la hora de disponer de la población más preparada y capaz de contribuir de forma positiva a la sociedad y al crecimiento de la economía. Por lo tanto, podríamos pensar que la nueva ley de universidades tendría como objetivo dotar a los jóvenes de las capacidades y herramientas qué van a necesitar para su futuro.

No es el caso. Como también señala la saga Fundación, «emperadores débiles significan virreyes fuertes». No sabemos si por obligación o por devoción, Subirats ha claudicado frente a las presiones de nacionalistas e independentistas. Ha cedido a objetivos espurios en el futuro de nuestros jóvenes. Como reconocía la portavoz de Universidades de ERC en el Congreso de los Diputados después de múltiples borradores, cambios y transacciones, habían conseguido lo que querían: una ley de diecisiete sistemas donde ha desaparecido cualquier referencia a España como país, se bendice la lenta aniquilación de los cuerpos estatales de profesores universitarios y en la que las aulas pasan a ser una caja de resonancia de las manifestaciones políticas.

La Universidad española, como habían asegurado hasta ahora distintas sentencias, tenía, como corresponde a un centro de creación del conocimiento, una obligación de neutralidad política. Esto no quiere decir que los universitarios no podamos significarnos políticamente, sino que como institución que acoge libertad de cátedra debe respetar todo tipo de ideas y pensamientos dentro de la legalidad y no posicionarse a favor de unas u otras ideas. Eso se tradujo a finales del año pasado en la reprobación judicial de las universidades catalanas que se habían volcado institucionalmente a favor del independentismo, violando la neutralidad que les debería caracterizar. El virrey estaba enfadado y había que regalarle las migajas universitarias. La LOSU no soluciona los problemas de la Universidad española, ni tan siquiera los de algunas comunidades autónomas aisladas (léase Cataluña o País Vasco). Para empezar, se debilita la gobernanza, donde el rector deviene en una figura devaluada en cuanto a prestigio y capacidad. Lejos queda el primer borrador de la ley que presentó Castells, donde se incluía la posibilidad de que el rector fuese elegido entre los más capaces para el puesto por parte de la sociedad civil. Por el contrario, se ha politizado la institución, hecho que en España tiene un nefasto antecedente en las Cajas de Ahorros.

Hay que reconocer que el Ministerio ha tenido un mérito importante. En la tramitación había conseguido sumar apoyos y concesiones parciales a colectivos tan diversos como los colegios mayores, profesores, las universidades privadas o la propia Conferencia de Rectores. La capacidad del Ministerio para engañarles a todos y a cada uno de ellos es legendaria. Quizás sea en el ámbito de la financiación donde ese engaño ha sido mayor. El Ministerio, en los primeros borradores de la LOSU, obligaba a que la inversión en universidades llegase al 1 por ciento del PIB. Y así lo mantuvo hasta la última versión, cuando se aprobó que ese 1 por ciento dejase de ser obligación y fuese simplemente un objetivo. Otro engaño logrado. Aquellos rectores que apoyaban la ley por la posibilidad de aumentar su financiación, se dieron cuenta de que se habían quedado con una mala ley que disparataba su gestión y sus costes y que, de golpe, tampoco tenían dinero.

Espero equivocarme, pero a riesgo de ser agorero, creo que tenemos una mala ley que no va a generar riqueza ni mejores perspectivas de futuro en nuestros jóvenes. La nueva ley segmentará más la sociedad y hará que aquellas familias que, por su renta puedan permitirse que sus hijos vayan a estudiar fuera de España, huyan de nuestro sistema (mejor dicho, sistemas). El Gobierno condena a las clases medias a un trabajo sin futuro. Si me equivoco seré el primero que, de nuevo parafraseando a Asimov, me comportaré como «suficientemente científico como para admitir que estaba equivocado».