La emergencia nacional sigue

Los testimonios de unos vecinos agotados de sacar lodo, que conviven a diario con la insalubridad, que ruegan porque los bajos se sequen para emprender la reconstrucción, que tienen infinidad de inconvenientes para hacer una vida normal y que claman para que no se les olvide son un recordatorio de que la situación de emergencia no ha terminado, sino que continúa. Hoy no hay personas en riesgo inminente, pero las vidas y los bienes de los vecinos distan mucho de ser dignas de ser caracterizados como normales.

Que hoy se pueda hablar en estos términos nos aboca al problema original de esta tragedia que expuso el fallo generalizado de unas administraciones que en esa región tiene cinco niveles burocráticos, desde los ayuntamientos a la Unión Europea, pasando por la Diputación, la Comunidad autónoma y el Gobierno central. Este diario, desde el primer momento, pidió que la situación fuera afrontada como una emergencia nacional, con todos los recursos al alcance del Ministerio del Interior y del de Defensa, siendo el primero el que tenía que haberla declarado según marcan los protocolos de Protección Civil. Nuestra petición no respondía a criterios políticos, sino al puro sentido común. Era evidente que el titubeante Gobierno autonómico había sido objetivamente desbordado por la situación –al margen de la tardanza de Carlos Mazón en corregir su actitud negligente, que además intentó encubrir en vano– y necesitaba los recursos estatales para hacerle frente.

Sánchez afirma que el Ejecutivo autonómico no pidió esta declaración de nivel 3, pero es que esa solicitud no es necesaria, como no es razonable pedirle a alguien que se está ahogando que describa su situación para arrojarle un salvavidas. Por lo visto, Sánchez comentó que sería muy difícil intervenir en contra del criterio de un gobierno autonómico, pero omite recordar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990 que aclara quién está al mando en estas emergencias. La sospecha de que no ha querido establecer un precedente que moleste a sus aliados en Cataluña y el País Vasco, precisamente las comunidades que plantearían dificultades en un caso similar, es algo más que una simple presunción.

El resultado es que, junto con la desesperación y el desánimo, entre la población valenciana, que nunca ha tenido problemas en identificarse también como española, ha cundido la desafección hacia el Estado ante la indignidad de ver que sus autoridades preferían tratar de obtener réditos políticos en vez de ponerse manos a la obra. Fue en ese momento cuando de forma espontánea, sin que nadie activara protocolo alguno, los ciudadanos cruzaron los puentes y armados de amor al prójimo acudieron a ayudar a sus hermanos en desgracia. Rápidamente cuajó el eslogan «sólo el pueblo salva al pueblo», que es tan sonoro como irreal, y que es capaz de unir bajo una misma rima a los extremos ideológicos, pero que en definitiva es la frustrante constatación de la incapacidad de la política española para trabajar por lo común debido a años de frentismo alentado desde el Gobierno de Sánchez y sus 'muros'. Afortunadamente, las instituciones, con los Reyes a la cabeza, reaccionaron y a pesar de la incomprensión inicial que encontraron en los sitios que se consideraban más abandonados, lograron desplegarse y empezaron a suministrar la ayuda que sigue siendo tan necesaria.

En este periódico seguimos convencidos de que el transcurso del tiempo no ha hecho más que confirmar que en Valencia se debía haber declarado una emergencia nacional. Y cada día que pasa sin que el Gobierno central actúe en ese sentido, éste sigue cometiendo un error.