España y el periodismo herido

Sin embargo, la prensa, como solución informativa legitimadora de las democracias, siempre ha sufrido debilidades estructurales. Desde la noche de los tiempos no ha existido un modelo de negocio claro capaz de sostener la veracidad necesaria en democracia. Pocos lectores son leales a una marca periodística y muchos presumen que la veracidad informativa debe ser de alguna manera gratuita. Así, la prensa la sufragan de manera indirecta los ciudadanos cuando van a comprar los productos y servicios anunciados en el periódico. Como concluye Lippmann hace un siglo, el modelo de negocio de la prensa está más basado en un público comprador de productos y servicios de grandes anunciantes que en un público lector leal a la institución.

Jürgen Habermas matiza esta conclusión décadas después. Para el filósofo alemán los medios de comunicación tienen capacidad de crear un espacio común de comprensión de la realidad en la sociedad. La prensa sí puede generar, según Habermas, una opinión pública crítica que convive con una opinión pública manipulada.

Esa función crítica de la prensa como cuarto poder es corroborada por Hannah Arendt, que fue testigo de ese ideal periodístico que los norteamericanos lograron en los 70. Su mirada a la prensa como principal institución de veracidad en el espacio público se encuentra en múltiples frases. «En el momento en que ya no tengamos una prensa libre, puede pasar cualquier cosa. Lo que hace posible que gobierne una dictadura totalitaria o cualquier otra es que la gente no esté informada», sentenció.

Por eso mismo, la desinformación es el gran mal de nuestro tiempo. Un mal que hay que combatir. Las grandes plataformas tecnológicas asumen sin quererlo el papel de intermediarios de la opinión pública que tradicionalmente han desempeñado medios y periodistas. Mejor dicho, las plataformas no intermedian, las plataformas simplemente desintermedian el rol editorial de los medios. Son los algoritmos los que determinan lo que leemos en función de nuestras preferencias para mayor lucro de anunciantes. Las plataformas se convierten así en un reflejo amplificado de las pasiones y pulsiones de una sociedad. Mientras, el periodismo crítico, centrado en la búsqueda de esa realidad factual y resbaladiza, yace más herido que nunca en las trincheras del 'clickbait', y de los tuits, 'comments' y 'likes'.

En esa batalla contra la desinformación, España adquiere un cierto interés como país. Se han dado aquí dos situaciones excepcionales a favor del derecho fundamental de información. La primera se remonta al año 1978, cuando el constituyente decidió añadir «veraz» a información en el artículo 20 de la Constitución. Un adjetivo que no existe en el resto de constituciones de nuestro entorno, pero que tenía todo el sentido después de décadas de dictadura franquista. Miguel Domenech, fundador de UCD y partícipe del proceso constituyente, me dijo hace poco que sin verdad no hay libertad posible. Esta firme apuesta del constituyente por la veracidad ha obligado a nuestro Tribunal Constitucional a elaborar una doctrina que puede ayudar a delimitar la información de calidad en el actual contexto tecnológico de posverdad.

La segunda, más cercana en el tiempo, se produjo cuando en el 2014 la patronal de los editores trató de negociar con los agregadores de noticias –Google, el principal– una tasa por los contenidos. Fue la primera vez que un país obligaba legalmente a los grandes agregadores a pagar a los editores. Ello desató la respuesta de Google, que cerró su canal de noticias en España. Esta situación se está replicando en estos momentos en otras jurisdicciones como Canadá.

El problema es que hay división entre los editores en lo que respecta a su relación con las grandes plataformas. Suele ocurrir que los pequeños editores las necesitan para generar mayor tráfico, mientras que los grandes las acusan de posición dominante. En cualquier caso, lo cierto es que el diseño actual del algoritmo fomenta los titulares sensacionales, eso que se conoce como 'clickbait', eclipsando con él el periodismo de calidad.

Son muchas las cabezas en Europa que piensan en una solución a este problema. España, como siempre sin darse cuenta, ha desarrollado un mecanismo ganador en el tiempo. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional define veracidad informativa como la independencia del editor y la debida diligencia del periodista. Ahora es cuestión de concretar con indicadores qué es independencia y qué es debida diligencia. Con ello podríamos ponernos de acuerdo a la hora de definir qué es un medio de información susceptible de la debida protección sin posible riesgo de censura.

Una vez que se ha definido qué medios de información merecen ser protegidos, es preciso negociar con las plataformas para que en el diseño de sus algoritmos visibilicen el periodismo de calidad frente al 'clickbait'. El intento de los editores españoles de hacer pagar por sus contenidos fue un primer golpe a Silicon Valley que está ahora siendo emulado por otras jurisdicciones. De una u otra forma el David tiene que armarse frente al Goliat.

Europa está en este sentido trabajando con ahínco a través de lo que se conoce como el «paquete de información» para equilibrar los excesos de las 'big tech'. Entre las diferentes medidas se encuentra el European Media Freedom Act, la primera ley de prensa que se propone en el espacio común europeo desde que nació la Unión. Es precisamente España, en su próxima presidencia de Europa, la que va a tener que liderar esta propuesta de reglamento. Es una oportunidad de oro para demostrar al mundo nuestro compromiso histórico con el periodismo de calidad. Nuestro compromiso, al menos constitucional, con esa verdad sin la cual no hay libertad.