La vida digna como derecho

Editorial ABC

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13/03/2024
Actualizado a las 05:58h.

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EN el pleno del Congreso de ayer se aprobó, por unanimidad, la toma en consideración de la proposición de ley de atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), registrada por el Partido Popular. El masivo apoyo a esta iniciativa legislativa es una excelente noticia para nuestro parlamentarismo, por cuanto demuestra que pueden existir consensos transversales capaces de rebasar los muros ideológicos. El resultado de la votación evidencia hasta qué punto es falaz el enfrentamiento con el que, en demasiadas ocasiones, quiere desactivarse el normal rumbo de la política. La atención y el cuidado a las personas con ELA es un imperativo lo suficientemente sólido como para que nuestros representantes fueran capaces de aparcar por un instante no sólo diferencias que con frecuencia se exageran y teatralizan, sino una agenda privada que, en demasiadas ocasiones, no guarda ninguna relación con los intereses de la ciudadanía en general y de los más vulnerables en particular.

La dignidad humana exige promover una permanente protección de la vida en todas sus formas y de manera muy concreta en circunstancias de enfermedad. La ELA, al igual que otras enfermedades degenerativas, es una dolencia singularmente cruel y el Estado debería movilizar cuantos recursos fueran necesarios para asistir de forma prioritaria a las personas que padecen la patología neuromotora más frecuente en la edad adulta. La política con mayúsculas se ejerce cuando se suspende la ley del más fuerte, y la protección y cuidado de quienes se encuentran en una circunstancia de especial vulnerabilidad constituye imperativo civil. Si somos animales gregarios es por nuestra común dependencia y el acuerdo en torno a esta ley demuestra que todavía existen ámbitos en los que se hace posible reconstruir los valores compartidos que son imprescindibles para la cohesión social.

Esta proposición de ley es también una buena noticia para la derecha, en la medida en que reactiva una agenda social que jamás debió soslayarse. Más allá de la gestión económica eficaz y del regeneracionismo económico, los políticos liberales y conservadores deben comprometerse con políticas sociales que, en muchas ocasiones, son especialmente coherentes con sus valores fundacionales. Frente a quienes quieren disolver la política en la mera gestión, la defensa y promoción de los intereses de las personas más vulnerables es un patrimonio moral que jamás debería haberse desatendido. La reactivación de políticas comprometidas con la justicia y con los problemas reales de los ciudadanos resulta especialmente urgente.

En cualquier caso, a la ley de protección de personas con ELA le espera todavía un amplio recorrido parlamentario y el precedente de la pasada legislatura, cuando se dejó morir en una sucesión de prórrogas del plazo de enmiendas, debería mantenernos alerta. Esta toma de consideración alienta cierto optimismo y sienta un precedente que es saludable para nuestra cultura parlamentaria. Sin embargo, son muchas las personas con enfermedades neurodegenerativas que no se verán beneficiadas por esta ley específica y, sobre todo, no se habrá conseguido nada hasta que la norma se apruebe y se presupueste una dotación a la altura de las necesidades de las personas con ELA.