La Sanidad en pie de guerra

Editorial ABC

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12/02/2025 a las 21:42h.

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EL reciente enfrentamiento entre la profesión médica y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de manifiesto tensiones latentes en el sistema sanitario nacional, muy preocupantes. El detonante ha sido el borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el ministerio, que ha generado un rechazo casi unánime entre los profesionales de la salud. Las principales críticas se centran en aspectos como la imposición de la dedicación exclusiva para ciertos cargos y restricciones en la compatibilidad entre la práctica pública y privada. La ministra argumenta que su propuesta busca fortalecer el compromiso con el sistema público y evitar posibles conflictos de interés. Sin embargo, muchos profesionales consideran que esta restricción limita su libertad laboral y podría agravar la ya existente escasez de especialistas en el sector público.

A la vista de la dura reacción de los profesionales sanitarios, la ministra y sus portavoces han acusado a los sindicatos médicos de haber filtrado las medidas más conflictivas de su borrador con la intención de sabotear las conversaciones. Sin embargo, conviene recordar que fue García quien empezó a hablar de las incompatibilidades entre el ejercicio público y el privado en la conferencia de prensa que convocó para hablar de la incidencia de la gripe estacional. Nadie es capaz de explicar cuál es la estrategia de negociación que la ministra tiene en la cabeza, y eso que existía un amplio consenso en el sector de que el estatuto marco, que data de 2003, debía ser reformado para adaptarlo a las nuevas realidades sociosanitarias. Por lo visto García quiso introducir una cuña entre los médicos y el resto del sector, pero fracasó. El asunto se ha agriado tanto que todos los sindicatos del sector, excepto los de los profesionales médicos, han suscrito una carta en la que anuncian su intención de no sentarse a negociar en este ambiente, lo cual, paradójicamente, facilita una salida a la cuestionada ministra.

Las comunidades autónomas también han mostrado su preocupación con lo que está sucediendo. El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, teme que el descontento de los médicos derive en huelgas que afecten negativamente al sistema sanitario regional. Por su parte, el de Murcia, Juan José Pedreño, ha criticado la falta de consenso en la elaboración del borrador y ha defendido la compatibilidad entre la práctica pública y privada para reducir las listas de espera. También se ha denunciado la invasión competencial por parte del Estado en las prerrogativas autonómicas. Este aspecto resulta sorprendente y delata la baja calidad técnica del borrador de Estatuto, porque Sanidad es uno de los ministerios que lleva más tiempo con sus competencias transferidas y sus asesores deberían conocer perfectamente los límites de su misión de coordinación.

La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar en España. Para garantizar su sostenibilidad y calidad, es necesario que las reformas se realicen con consenso, transparencia y una visión a largo plazo que priorice tanto el bienestar de los pacientes como las condiciones laborales de los profesionales. Solo a través del diálogo y la colaboración se podrán superar los desafíos actuales y asegurar un sistema sanitario robusto y equitativo para todos. Todo indica que la torpeza y la falta de capacidad de negociación de la ministra de Sanidad ha dilapidado una buena ocasión para hacer una contribución a un sector al que ella pertenece, y que conoce bien.