La regeneración como coartada

En apenas una semana, el proyecto de regeneración democrática con el que Pedro Sánchez intentó justificar su continuidad al frente de la Presidencia del Gobierno tras su amago de dimisión, ha quedado muy maltrecho. Si su campaña en contra de los bulos quedó inmediatamente desacreditada por el ministro Óscar Puente, quien consideró oportuno injuriar al presidente argentino, la apuesta por higienizar la vida política tampoco está corriendo mejor suerte. Desde que el presidente se comprometió a «mostrar al mundo cómo se defiende la democracia», son varios los hechos que debilitan la credibilidad de su mensaje.

En la misma jornada en la que el secretario general del PSOE resolvió el suspense sobre su futuro, el CIS hizo públicos los resultados de una encuesta 'flash' con preguntas explícitamente sesgadas a favor de los intereses del Ejecutivo. Es más, la Junta Electoral Central emitió un expediente sancionador contra José Félix Tezanos al haberse realizado un sondeo relativo a la intención de voto sin comunicación previa. Este mismo organismo obligó a RTVE a compensar a los partidos que concurren a las elecciones catalanas al considerar que la entrevista en la que Pedro Sánchez explicó los motivos de su continuidad podría haber incurrido en un uso partidista de la cadena pública al haberse celebrado en el marco de la campaña electoral de Cataluña.

Un proyecto de regeneración democrática que aspirara a ser creíble exigiría, de forma prioritaria, preservar la independencia de instituciones que deberían servir a la nación, y no al Gobierno. Un ejemplo paradigmático es el de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Álvaro García Ortiz, se encuentra sumido en una irreversible crisis de reputación. El nombramiento del propio Ortiz o las distintas designaciones revocadas de Dolores Delgado como fiscal de sala son una prueba más de la manera en la que el Gobierno hace un uso instrumental de instituciones que deberían ser escrupulosamente neutrales. La lista de entidades públicas colonizadas por el Ejecutivo es amplia, desde Correos hasta la propia RTVE, pasando por el Hipódromo, por la agencia Efe o por no pocas embajadas. Lo sorprendente es la falta de recato de Pedro Sánchez a la hora de persistir en estas maneras tan poco respetuosas, ya que a los pocos días de su regreso a la vida pública ha nombrado a Carlos Ocaña Orbis, amigo personal y coautor del libro basado en su fraudulenta tesis doctoral, consejero de Telefónica.

La situación es aún más grave. Estas malas prácticas encontrarán a partir de ahora una cobertura legal específica en lo que atañe a Alta Dirección Pública. El Ministerio de Escrivá ha arruinado la expectativa de despolitizar la regulación del personal directivo público al aprobar una orden que permitirá seleccionar a personas que no sean funcionarias para cargos que deberían estar especialmente protegidos. Desde el año 2007 se ha intentado crear un contexto normativo para profesionalizar la alta dirección del Estado, pero con esta orden se afianza un marco de selección subjetivo y desprovisto de garantías. El balance de la primera semana de gobierno de Sánchez tras su período de reflexión y el hiperbólico discurso en el que se comprometió a regenerar la democracia es una prueba evidente de la desconexión acreditada que existe entre las palabras del presidente y su acción política. Nunca sabremos si fue sincero cuando amagó con dimitir. De lo que no cabe ninguna duda es de la nula veracidad del discurso con el que ha intentado convencernos de que sí le merece la pena seguir gobernando España.