Otra pulsión autoritaria

El debate sobre la acusación popular en España es de larga duración y existe un consenso razonable sobre la necesidad de evitar que sea una herramienta de politización de la Justicia y de filtraciones contra el honor de los investigados. Sin embargo, al mismo tiempo, la acusación popular hunde sus raíces en la tradición procesal española y desde finales del siglo XIX ha sido respetada por la Monarquía, la República, la Dictadura y la Constitución de 1978, que la prevé en su artículo 125 como un mecanismo de participación ciudadana en la Justicia. Son innegables los efectos perniciosos de una acusación popular al servicio de intereses espurios, pero los tribunales habían tomado buena nota y estaban aplicando medidas de control, como la representación unitaria de todos los acusadores populares en un mismo proceso y la expulsión de las fraudulentas. Como bien sabe el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las filtraciones a la prensa no siempre son imputables a los acusadores populares.

También ha habido acuerdo entre jueces y académicos sobre la conveniencia de excluir a los partidos políticos de la acusación popular. Así se prevé en el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero el dato real sobre el abuso político de la acusación popular pone la diana en el PSOE, que es la formación partidista que ha utilizado esta herramienta acusatoria con mayor frecuencia, incluso de forma temeraria. No se entiende, si tan urgente era esta reforma, por qué el Gobierno no la ha introducido en la Ley Orgánica 1/2025, que ha modificado aspectos relevantes del proceso penal. La respuesta es el agobio del presidente del Gobierno a sus problemas políticos y personales.

Por eso, con la exclusión de partidos políticos y de asociaciones identificadas en la «fachosfera», Sánchez espera satisfacer a Puigdemont y recortar las posibilidades de sentar en el banquillo a su esposa y a su hermano. Este es el propósito de la llamada «disposición transitoria», que prevé aplicar la ley a los procesos que estén en trámite cuando entre en vigor, forma encubierta de aplicarla retroactivamente y despojar de la condición de acusadores populares a quienes hoy la tienen reconocida en todos esos procesos molestos para el PSOE y La Moncloa. Al ser una proposición de ley, el texto socialista no será sometido a los informes del CGPJ, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Fiscal. Además, podrá tramitarse como gusta a los socialistas, por vía de urgencia, sin apenas debate ni enmiendas, porque es urgente atender sus necesidades políticas.

La iniciativa socialista también prevé una nueva causa de recusación a los jueces que, en definitiva, hablen de más sobre la clase política, en el seno de procedimientos en los que sean parte partidos políticos o cargos públicos y de forma privada o en actos o concentraciones. Quizá recordaba el redactor socialista de esta proposición el manifiesto que –antes de ser condenado a inhabilitación– leyó el juez Garzón con críticas al Gobierno de Aznar por la intervención militar en Irak. Bien está exigir prudencia a los jueces, como ya hace la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo que busca la proposición socialista es lanzarles el mensaje de que tengan cuidado con lo que dicen. En esta pulsión autoritaria, la reforma del PSOE quiere prohibir querellas que se basen en informaciones periodísticas, colapsando la interacción entre los medios de comunicación, la sociedad civil y la Justicia en el control del poder público. Es cierto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene una doctrina que inadmite querellas cuando solo se basen en recortes de prensa, pero limitada a aforados y a acusaciones populares, y cuando, además, no exista una valoración propia del querellante. De estar vigente en su momento, los famosos 'papeles de Bárcenas' nunca habrían llegado al juzgado. Tomen nota: jueces, periodistas y sociedad civil, bajo sospecha.