Privilegios a ETA revocados

Editorial ABC

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04/11/2022
Actualizado a las 06:58h.

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ES una buena noticia que la Justicia esté respondiendo a algunas decisiones arbitrarias de la administración penitenciaria en el País Vasco, que tiene asumidas las competencias en materia de presos terroristas desde hace unos meses por decisión del Gobierno. Cinco miembros de la banda terrorista ETA que cumplían sus condenas fuera del País Vasco, y que en los últimos meses fueron acercados a prisiones de esa comunidad, habían sido puestos en libertad recientemente sin cumplir todos los requisitos reglamentarios para ello. La concesión de permisos, terceros grados y otros beneficios penitenciarios ha sido una constante desde que el Gobierno vasco tiene la autoridad política y administrativa sobre los presos etarras. Ahora, la Audiencia Nacional ha empezado a revocar ese tipo de autorizaciones que en la práctica suponían su excarcelación, y al menos esos cinco han regresado a la cárcel. Se trata de Aitor Esnaola, Mikel San Argimiro, Iñaki Bilbao, Gorka Martínez y Xabier Atristain. El trabajo de los colectivos de víctimas del terrorismo, demasiado solos en una lucha que debería ser global y no caer nunca en el olvido, es digno de elogio porque sus recursos contra las concesiones de libertad es prácticamente el único eslabón que queda entre la liberación de terroristas que incumplen las condiciones para ello y la decencia democrática. Al final, es de nuevo la Justicia quien pone las cosas en su sitio frente a decisiones políticas que solo corroboran la tesis de que si Bildu apoya al Gobierno en el Congreso es gracias a la máxima de «votos por presos».

El desmantelamiento de la dispersión de etarras se ha hecho de forma colectiva después de un continuo goteo de acercamientos provocados por un cambalache político entre el Gobierno y el PNV. Eso supone que en realidad no ha respondido al análisis específico y selectivo de la situación de cada preso, sin discernir quién puede merecer privilegios y quién no. Ha respondido a una decisión política que ahora los jueces han empezado a corregir. Incluso, la Audiencia Nacional mantiene ahora mismo en revisión trece casos más, algunos de ellos alusivos a conocidos terroristas con un gravísimo historial. Todo encaja en el bazar de La Moncloa: presos a Bildu, competencias al PNV. Y entre medias, los dedos de la opinión pública señalan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a una gestión del Gobierno respecto a los presos de ETA que comprensiblemente no solo ha indignado a las víctimas del terrorismo, sino que ha demostrado que a la hora de negociar apoyos parlamentarios La Moncloa nunca tiene rayas rojas. La legalidad está para cumplirse siempre y en todo caso, y no valen los atajos para justificar la excarcelación de etarras solo por criterios de conveniencia o rédito político. Si existen argumentos fundados porque un terrorista sí ha cumplido la parte legal de su condena y puede quedar libre, así debe cumplirse. Pero que tengan que ser los jueces quienes enmienden la plana a las prisiones vascas por su favoritismo solo demuestra que tanto abuso no puede tener cabida.

Grande-Marlaska no es ahora mismo el ministro más popular del Gobierno. A esta estrategia benefactora y blanqueadora de ETA se unen las explicaciones que con lógica le exigen la oposición, el Parlamento Europeo, y hasta socios como ERC, Bildu y un sector de Podemos, por la muerte el pasado junio de una veintena de inmigrantes en un asalto a la valla de Melilla. Es imprescindible aclarar si Interior consintió a Marruecos el trato inhumano a aquellos inmigrantes porque, hasta ahora, si algo ha hecho el Gobierno, ha sido limitarse a apoyar a las fuerzas de seguridad marroquíes y a subrayar la violencia de los atacantes.