Objetivo: la Policía

Editorial ABC

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26/08/2023
Actualizado a las 19:41h.

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Las agresiones a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado crecen en los últimos años ante una evidente falta de respuesta política y judicial a la altura del problema. Hace unos días, un guardia civil fue pateado en la cabeza por un sujeto ante la mirada de otros compañeros del cuerpo y de policías locales de Cangas de Onís. La escena sintetiza una situación en la que los propios policías temen actuar con determinación para frenar una agresión brutal. La víctima recibió doce puntos de sutura. El agresor fue puesto en libertad por el juez de instrucción, a pesar de que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión. Es inevitable plantearse si los cuerpos policiales están debidamente protegidos, tanto jurídica como materialmente, y si cuentan con la formación adecuada para inmovilizar a agresores violentos o repeler de forma contundente un ataque, reduciendo los daños en todo lo posible.

El deterioro del respeto a la Policía tiene su reflejo estadístico. Los datos muestran un incremento de las denuncias de la Fiscalía por atentados contra la autoridad. En 2020 fueron 15.992 y en 2021, 18.152. La separación entre desobediencia y atentado no es tan nítida como para sancionar por este segundo delito, que es más grave. La agresión al policía no causa lesiones significativas y se orilla el desprecio a la autoridad del agente. Y también hay supuestos en los que el ataque a un funcionario policial se diluye en el supuesto ejercicio de un derecho a la libertad de expresión o de manifestación. No hay que ignorar que la violencia contra la policía tiene 'prestigio' en ciertos sectores ideológicos, concentrados en la extrema izquierda. El exdiputado canario Alberto Rodríguez, fue condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía en unas protestas en 2014. Yolanda Díaz lo premió invistiéndolo como referencia de Sumar en Canarias, aunque la justicia electoral lo ha dejado fuera del Congreso. La historia se repitió con Isabel Serra, condenada también por atentado y rescatada por Yolanda Díaz para su lista por Madrid. Tampoco estará en el Congreso. Que una vicepresidenta del Gobierno se dedique al rescate de condenados por atentar contra policías es expresivo del patrón moral y político con el que una parte de la izquierda valora la violencia contra la Policía.

Es comprensible que los sindicatos policiales reclamen más protección legal, más medios materiales (cámaras personales, pistolas táser) y más formación profesional. La legislatura anterior no fue favorable para la rehabilitación del principio de autoridad, porque estuvo dominada por un discurso, bastante hipócrita, de la izquierda contra la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada 'ley mordaza', muy criticada por el PSOE, pero utilizada sin remilgos para las denostadas 'devoluciones en caliente' en las fronteras con Marruecos. Si la Policía es percibida como una amenaza a las libertades y los derechos por quienes forman el Gobierno, difícilmente se impulsarán en el Parlamento iniciativas legales para mejorar su situación profesional y reducir la violencia contra los agentes de la autoridad. Estas medidas no tienen por qué ignorar la obligación de los responsables políticos de combatir la corrupción y los abusos en los cuerpos policiales. Una y otros deben ser duramente castigados. Todo es perfectamente compatible y necesario, porque el prestigio también se gana con conductas intachables, como son las que caracterizan a la inmensa mayoría de los policías españoles.