Menas, sólo con el BOE no basta

Editorial ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

24/03/2025 a las 01:23h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

El Consejo de Ministros aprobó mediante real decreto ley un plan para trasladar al resto de comunidades autónomas a los menores extranjeros no acompañados (MENA) ubicados en las islas Canarias. La razón de utilizar esa vía legislativa era, supuestamente, una necesidad «urgente y extraordinaria», tal y como prevé la Constitución en su artículo 86. Sin embargo, el Gobierno no tuvo más prisa en aprobarla que la que marcaban la conveniencia política y el ritmo de pactos con Junts y Carles Puigdemont; y no parece que vaya a aplicarla a la ejecución del reparto, que se prevé complicada por diversos factores, como se recoge en la información que hoy publica este periódico. Los plazos optimistas de los gobiernos central y canario –dos o tres meses– se amplían hasta un año, por otras fuentes, mientras continuarán llegando embarcaciones que empeorarán la situación.

Una de las ideas más falsas de la acción del actual Gobierno es la de que es un Ejecutivo expeditivo frente a las zancadillas de la oposición y que la fórmula del real decreto ley es el músculo que exhibe Sánchez para dirigir con mano firme al país. Pura y simple propaganda caudillista que esconde la fragilidad parlamentaria de un Gobierno incapaz siquiera de presentar –no ya de aprobar– un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

En el caso del reparto de los menores extranjeros, la norma aprobada no es una especie de procedimiento taumatúrgico, sino un nicho de problemas administrativos, organizativos, políticos y humanos. Es urgente, sin duda, dar respuesta al hacinamiento de menores en Canarias, pero con soluciones integrales, y no parches como el aprobado por el Gobierno de Sánchez. Trasladar menores a otras comunidades autónomas exige poner medios materiales y personales que absorban toda la burocracia que requiere el desplazamiento de cientos de niños y jóvenes. Y exige empezar por asegurarse de que realmente el traslado afecta a verdaderos menores de edad, condición que se debe acreditar si no documentalmente, sí a través de medios forenses. Esta certeza de la edad es un requisito para cumplir la ley, de manera que la protección reforzada prevista por la normativa nacional e internacional recaiga solo en menores de edad; y quien no lo sea, que quede sometido a las reglas comunes de la ley de Extranjería. Es razonable preguntarse si el Gobierno está en condiciones de garantizar que su plan solo ampara a verdaderos menores de edad.

Otro problema es que a los menores se les trasladará no solo a una u otra comunidad autónoma, sino también a un municipio concreto, a un barrio concreto y a un centro de acogida concreto. Los niveles de conflictividad irán así descendiendo en escala, porque sería absurdo desconocer la prevención social que provoca la acogida de menores extranjeros, un prejuicio causado por el comportamiento incívico de una minoría de esos menores y por una amplificación interesada desde altavoces populistas. Pero este problema social existe y hay que atenderlo. Para el Gobierno es fácil imponer un reparto entre autonomías, sin haberlas escuchado, sin garantizar el cumplimiento de la ley –prevista solo para menores de edad– y sin diseñar un plan a gran escala para abordar el problema desde su origen. Y su origen sigue siendo la falta de colaboración de los países de salida de estos menores, la facilidad con la que operan las mafias del tráfico humano y el mensaje equívoco que se manda desde España con estos planes de acogida y reparto, comprensibles en cuanto a su necesidad humanitaria, pero ineficaces, y hasta contraproducentes, en sus consecuencias políticas y sociales.