Editorial

Lecciones portuguesas

Las directrices de Costa revelan que, por encima de la ideología, existe la posibilidad de redactar un presupuesto a partir de la responsabilidad, la contención y la altura de miras

LA respuesta del Gobierno a la escalada de los precios y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo no ha sido otra que la de aumentar el gasto denominado social y evitar cualquier sacrificio y ajuste, en línea con el discurso que desde un primer momento, antes de que estallase la crisis del Covid y de la invasión de Ucrania, adoptó contra los recortes que definieron la gestión del PP, partido englobado genéricamente bajo la etiqueta de 'la derecha'. Con un Ejecutivo socialista, encabezado por António Costa, Portugal no responde a los patrones de esa 'derecha' respecto a la que el equipo de La Moncloa ha tratado de marcar distancias en materia económica y fiscal, pero sus recetas contra la actual crisis son muy distintas, si no contrarias, a las prescritas por Pedro Sánchez. Las directrices de Costa ponen de manifiesto que, por encima de la ideología y del frentismo político, existe la posibilidad de redactar un presupuesto a partir de la responsabilidad, la contención y la altura de miras. La socialdemocracia también consiste en eso, y quizá por este motivo António Costa gobierne hoy en solitario, desde la moderación y sin el lastre de tener como socio a la extrema izquierda que lo acompañó en la anterior legislatura.

La subida de las pensiones para el año que viene –en línea con el incremento del IPC, de un 8,5 por ciento– ha obligado a María Jesús Montero a improvisar, en los mismos términos, un incremento de las bases de cotización para los sueldos que superen los 50.000 euros, lo que ha llevado a la patronal a romper el diálogo sobre la reforma del modelo de pensiones que tutela José Luis Escrivá. Este enésimo desencuentro entre el Gobierno y los empresarios, obligados desde el próximo enero a contribuir a la financiación de este aumento de las pensiones, coge a las autoridades de Bruselas sobre aviso, conscientes de que el Ejecutivo español no está dispuesto a reducir una factura que ahora traslada a los empresarios. Todos los actores sociales, empezando por la patronal, deben asumir su responsabilidad en la reforma de un sistema inviable, pero a partir de la racionalización del gasto, sin concesiones a un electoralismo que en las últimas décadas no ha hecho sino aumentar el diámetro del agujero de esta partida. Frente a la subida –lineal, sin matices de renta– prevista en España, Portugal reduce considerablemente, hasta la mitad, el incremento de las pensiones, especialmente las más altas, para tratar de repartir el sacrificio y no contribuir a que la inflación se cronifique. No es el de António Costa un Gobierno 'de la derecha', y tampoco recorta derechos sociales.

Las lecciones de Portugal van más allá del capítulo de las pensiones. También los empleados públicos van a perder poder adquisitivo, con una subida muy por debajo –y tampoco lineal– de la prevista en los presupuestos redactados por el departamento que dirige María Jesús Montero. Al contrario que el equipo de Sánchez, el Ejecutivo de Lisboa apuesta por deflactar el IRPF, en aplicar medidas de aliento fiscal a las empresas y en esbozar un pacto de rentas que garantice las prestaciones públicas y, a la vez, no lastre el crecimiento de la industria, motor del empleo y de las cotizaciones que sostienen el bienestar. La receta no es nueva, y nada tiene que ver con la derecha de los recortes que demoniza el Gobierno. En un año marcado por unas citas electorales en las que el PSOE se va a jugar buena parte de su poder –local, autonómico y nacional– el electoralismo del gasto, mal llamado social, por sus consecuencias para todos, sustituye a la responsabilidad.

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