Jurar, un compromiso con todos

Editorial ABC

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30/10/2023
Actualizado 31/10/2023 a las 10:08h.

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EL juramento de la Constitución por la Princesa Leonor como heredera al Trono, que este martes tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, constituye una reafirmación del espíritu constitucional de 1978 en su manifestación más pura, que no es otra que la Monarquía parlamentaria. La Corona, representada por el Rey Felipe VI, acude a la sede de la soberanía nacional para dar continuidad al compromiso con la Constitución asumido por el Rey Emérito Juan Carlos I, continuado después por su hijo, y hoy renovado por la Princesa Leonor. Se trata, por supuesto, de un acto cargado de mensajes simbólicos, pero es un simbolismo lleno de contenido político e histórico en la medida en que, una vez más, la Corona representa la estabilidad institucional del Estado y encarna la unidad de la nación. Lo simbólico –como las banderas, los juramentos, los himnos– es esencial en la historia de las democracias, sean monárquicas o republicanas, y su desmerecimiento solo contribuye a socavar la legitimidad de las instituciones.

España es una Monarquía parlamentaria, no una democracia con un Rey en la Jefatura del Estado. La Corona no es una opción circunstancial del consenso constituyente de 1978, sino un elemento esencial y propiciatorio de ese consenso. La democracia española nació como Monarquía parlamentaria y sólo se explica con este fundamento político, gracias al cual nuestro país ha gozado del más amplio período de paz, progreso y convivencia pacífica.

Este es el contexto histórico en el cual la Princesa Leonor va a jurar su lealtad a la Constitución, al alcanzar su mayoría de edad, como heredera de la Corona, a la que garantiza así la continuidad dinástica. Su juramento ante los representantes de la soberanía nacional, diputados y senadores reunidos de forma plenaria en el Congreso, es un nuevo acto de servicio de la Corona a España, incondicional, absoluto y sin las limitaciones del partidismo. Esta ajenidad respecto del debate político y, al mismo tiempo, su imbricación con el orden constitucional que emana de la soberanía residente en los españoles son la fuente de autoridad que permite a la Corona, como afirma la Constitución, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas. Y ahí radica la permanente necesidad de la Corona como garantía de los principios constitucionales, los que están escritos y los que no lo están, pero que son inherentes al sistema democrático, a la primacía de la ley, a la igualdad entre los ciudadanos y a la unidad de España, patria que la Constitución declara como común e indivisible de todos los españoles.

En las palabras sencillas de un juramento de la Constitución por quien está llamada a ser la futura Reina de España se conjugan todos los anhelos de una nación que quiso ser una sola y regida por una democracia liberal y un Estado de Derecho. España no es un proyecto en eterna discusión, salvo en las mentes de quienes ignoran su propia identidad, sino una realidad histórica, política y nacional firmemente asentada en un orden constitucional que sólo la deslealtad de los obligados a defenderlo puede diluirlo en el magma de los intereses partidistas. En efecto, el acto de hoy es histórico porque España recibe el juramento de su futura Reina, y la Constitución de 1978 suma la esperanza de la continuidad en la jefatura del Estado de una persona que recibe el legado de la historia de España sin otra ambición que la de servirla con la generosidad y la lealtad que se merece.