Electoralismo por decreto

Durante esta legislatura, el Partido Socialista ha exhibido una heterodoxia legislativa sin precedentes. Recordemos, por ejemplo, que la supresión del delito de sedición sirvió como percha para reformar el delito de malversación y beneficiar, así, a sus socios de Gobierno de ERC. Bajo ese mismo paraguas, el PSOE intentó reformar la elección de los candidatos del CGPJ aunque aquel ardid fue tan excesivo que el Tribunal Constitucional tuvo que frenarlo. La ley del 'sólo sí es sí' también se tramitó sin atender a los órganos consultivos y el resultado catastrófico de la técnica jurídica empleada forzó la reforma de la norma algunos meses después. En esta ocasión, la batería de medidas aprobadas atiende a naturalezas enteramente distintas y afectan a realidades tan divergentes como la gestión del conflicto entre el taxi y los coches VTC o los nuevos permisos retribuidos de cuidados o el 'olvido oncológico'.

A sólo un mes del 23J, el Gobierno compromete otros 3.800 millones para contentar a distintos colectivos, a lo que habría que sumar los costes laborales. El decreto escoba prorrogará la práctica totalidad de los incentivos públicos que vencían este 30 de junio pero, además, incorpora una colección de medidas que habían quedado detenidas. Entre las novedades no previstas está, por ejemplo, la desgravación temporal del 15% en el IRPF por la adquisición de un coche eléctrico. Asimismo, se mantiene la rebaja del IVA en algunos alimentos y la subvención de los abonos de transporte y de los títulos multiviaje. Se incorporan también medidas sociales que estaban previstas en la ley de familias tales como los permisos destinados a favorecer la conciliación. Llama aún más la atención que el Gobierno se haya enmendado a sí mismo y haya optado por eliminar la prórroga de seis meses de los contratos de alquiler manteniendo las mismas condiciones.

Todas estas iniciativas bien habrían merecido un tratamiento distinto y, sobre todo, habrían requerido una tramitación parlamentaria ordinaria. El excepcional gasto público que entraña este paquete de medidas y el método precipitado por el que se ha optado parecen evidenciar la vocación eminentemente electoralista de la propuesta. Es más, Isabel Rodríguez, quien ya fuera apercibida por la Junta Electoral Central hasta en tres ocasiones por realizar declaraciones partidistas desde las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, ha vuelvo a expresarse en términos mitineros desde un contexto en el que debería procurarse una exquisita neutralidad institucional. No cabe duda de que esta metodología sirve de colofón y redondea lo que han sido las prácticas habituales de este Gobierno.