Otro castigo a la clase media

Editorial ABC

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29/09/2022
Actualizado 30/09/2022 a las 09:20h.

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El Gobierno no termina de entender la inutilidad efectiva de su política fiscal, y cada día que pasa es más notorio que actúa por impulsos y a golpe de improvisación. Ayer, la ministra María Jesús Montero se sacó de la manga el anuncio de una rebaja fiscal basada en más populismo tributario para intentar rescatar al Ejecutivo del marasmo en el que se halla con la rebelión de barones socialistas dispuestos a reducir impuestos a imitación del PP. De lo contrario, no puede entenderse que haya querido presentar ahora como una rebaja fiscal –ese es su relato– lo que no es sino un incremento neto de más de 3.100 millones con una nueva recaudación que afectará principalmente a la clase media.

Y todo, en 72 horas de paradojas y contradicciones, durante las que el Gobierno ha convertido en una urgencia electoralista responder a las autonomías del PP, y combatir la percepción de que el PSOE se ha instalado en una senda solo confiscatoria. Sin embargo, los esfuerzos de La Moncloa ya difícilmente le producirán réditos porque tanto golpe de efecto choca con la realidad. El guion es uno y los números, otros. Está perdiendo ante la opinión pública una batalla crucial que afecta de modo decisivo a los bolsillos porque sencillamente no se puede defender una cosa y su contraria. Lo tendría más fácil reduciendo gasto público, pero eso es algo inviable para este Gobierno.

De momento, el anuncio de Montero supone en realidad reinstaurar por pasiva el impuesto de patrimonio allí donde los ejecutivos del PP –y la mayor parte de Europa– lo anulan. La letra pequeña de lo que la vicepresidenta denominó «impuesto de la solidaridad» a las 'grandes fortunas' (más de tres millones de euros) implica penalizar con un gravamen adicional del 3,5 por ciento a la tributación del IRPF para quien disponga de esos activos. De nuevo se vende una suerte de 'justicia social' contra los ricos para beneficiar a los desfavorecidos. Pero objetivamente se corre el riesgo de reimponer una doble tributación, algo prohibido, e incluso de recaudar menos, como ya ocurrió en Alemania. Además, la clase media con ese patrimonio global disponible no se compone precisamente de 'grandes fortunas'. Sobra demagogia en ese sentido.

Hacienda bajará también dos puntos del impuesto de sociedades para empresas que facturan menos de un millón de euros, lo cual es necesario y positivo. Pero tampoco arreglará demasiado, entre otros motivos porque deja fuera a miles de empresas que facturan hasta seis millones y que, por tanto, son consideradas pequeñas y medianas empresas.

Y en tercer lugar, no habrá deflactación del IRPF, algo que se ha convertido en una obsesión del PSOE para no tener que someterse al discurso de otros partidos. Por eso recurre a varios atajos, entre ellos el de elevar los límites para declarar el IRPF hasta los 15.000 euros. Pero eso afecta a rentas tan bajas que la medida no tiene más efecto real que el de un titular de prensa para alentar un relato ficticio. La realidad es que la rebaja fiscal afecta a rentas de hasta 21.000 euros. Para el resto, la inmensidad de los contribuyentes, el castigo es notorio. Es imposible que el Gobierno pretenda lograr una subida neta de 3.100 millones solo con una penalización a los 'ricos' porque las cifras no cuadran sin una afectación severa a las rentas de quienes cobran nóminas superiores a esos 21.000 euros. Dicho de otro modo, si el Gobierno afirma que la rebaja fiscal beneficiará al 50 por ciento de los contribuyentes, y se pretende ganar ingresos netos para el Estado, necesariamente perjudicará al otro 50 por ciento. Y esta mitad cuyo ahorro se penaliza no es precisamente millonaria. La desventaja del Gobierno es que los discursos pueden maquillar la realidad, pero los números, no.

El anuncio del Gobierno no tiene solo un alcance económico. Tiene una trastienda política de auténtica alarma electoral para el PSOE que refleja la inestabilidad que reina en La Moncloa. La evidencia es que los barones socialistas que han decidido bajar impuestos porque se juegan su cargo en mayo han desautorizado a María Jesús Montero, que no solo es ministra de Hacienda, sino la número dos del partido, y eso dice mucho.

ABC revela que Montero telefoneó al castellanomanchego García-Page para que no anunciara ninguna rebaja fiscal antes de que lo hiciera La Moncloa para que no apareciese como otro rebelde similar a Ximo Puig. A su vez, a Puig lo telefoneó el propio Pedro Sánchez para expresarle su irritación por haber desmontado el discurso oficial de que es imprescindible subir impuestos y no bajarlos. Tampoco Fernández Vara ha hecho ni caso. No solo Podemos vuelve a imponerse a Sánchez, sino que en el PSOE cada cual hace la guerra por su cuenta por supervivencia.