EDITORIAL
Castigar lo privado… y lo público
El Gobierno debe plantearse si sus tentaciones doctrinales y su manera de abordar los asuntos mediante una perspectiva ciega de ideología conllevan soluciones o agudizan los problemas
La exclusividad que la ministra Mónica García pretende imponer a los jefes de servicio y directivos de la sanidad pública para que no puedan trabajar en empresas privadas pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud y supedita su prosperidad, también aquí, al marco ideológico de Moncloa y sus socios. Sanidad ha anunciado que, para evitar conflictos de interés, los facultativos con determinado nivel jerárquico no puedan desarrollar un trabajo complementario en otras empresas. García no teme que la decisión pueda mermar las plantillas y provocar una fuga de médicos de la sanidad pública aunque tendrán que elegir entre lo público y lo privado. Por fuerza, la medida supone plantear un pulso salarial con las empresas que encarecerá la atención privada y vaciará de talento las capas más formadas de lo público. La ministra no contempla que, enfrentados al dilema, muchos de los doctores elijan una tercera vía: irse al extranjero. Los sueldos españoles son notablemente más bajos que en países de nuestro entorno. Allí también sufren la necesidad de galenos, pero ofrecen nóminas que duplican o triplican las nacionales y nutren sus plantillas con profesionales formados aquí. En 2023 se fueron un 40 por ciento más que el año anterior según los sindicatos. Es de prever que la medida de García aumente este éxodo. El sistema resultará menos atractivo para emprender una carrera y esto sucede en puertas de la absorción por el sistema de miles de mutualistas por el fracaso de la gestión de Muface, otra sombra en la gestión sanitaria del Ejecutivo. En España, los salarios más cortos de los profesionales de la medicina se han suplido con enormes dosis de vocación y compromiso, y también gracias al suplemento de las nóminas de la privada a las que el Gobierno persigue ahora, incomprensiblemente. Hay razones para temer que García amplíe su medida al resto de doctores. La iniciativa que lidera resulta más riesgosa en un contexto de carencia de doctores en todas las áreas y pese al aumento de plazas del MIR. Faltan alrededor de 6.000 médicos según el ,inisterio que, al mismo tiempo y con sus arbitrarias decisiones, parece querer ahuyentarlos. Tampoco ayuda la pretensión de obligar a los MIR a dedicar cinco años a la sanidad pública una vez terminada la especialidad.
Pese a que puedan darse casos puntuales de falta de compromiso de algunos doctores con sus tareas, el problema no es exclusivo del ámbito sanitario y en todo caso, si un profesional no cumple, la responsabilidad será de sus superiores no de sus compañeros. El mal que aqueja al funcionariado médico es común a otras áreas que, sin embargo, no se fiscalizan, y la persecución de los doctores contrasta con la laxitud con que se comprende lo etéreo del trabajo de ciertos funcionarios, alguno de ellos en la propia familia del presidente. Sería lógico que se aplicaran medidas de vigilancia y sanciones a los trabajadores públicos que se desvíen de sus cometidos, pero pondría en cuestión su labor y no cumpliría con el verdadero objetivo de la medida: la táctica política. Otras opciones podrían corregir la desviación de maneras más razonables, pero negaría al Gobierno el placer de prohibir, y le privaría además de una demonización de la sanidad privada y sus profesionales a la que parece entregado sin ambages y por la que sí se explica la decisión. El Gobierno debe plantearse si sus tentaciones doctrinales y su manera de abordar los asuntos mediante una perspectiva ciega de ideología conllevan soluciones o agudizan los problemas. La problemática de la vivienda, en la que la persecución del propietario ha terminado por encarecer el alquiler de los pisos, puede darles una pista de cómo intentando salvar el sector público, terminen por destruirlo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete