EDITORIALES
Un aviso desde Europa
El buen uso en el manejo de los fondos públicos es uno de los marcadores democráticos más contrastados, lo que justifica la preocupación de Reynders por la reforma de la malversación
El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha manifestado que la Comisión Europea está analizando la reciente reforma del Código Penal español, especialmente en lo que atañe al delito de malversación. La advertencia ha tenido lugar en el marco de un debate sobre la situación en España, en un pleno parlamentario que se llevó a cabo a instancias del Partido Popular Europeo. Según ha expresado Reynders, la reducción de penas impulsada por el Gobierno de España se está analizando para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación europea en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE. Unas palabras que, expresadas con esta rotundidad, sientan un precedente significativo.
La intervención del comisario resulta comprensible en alguien que está llamado a vigilar el buen uso y destino de los fondos europeos. La reciente reforma introducida en nuestro Código Penal aminora las penas en aquellos casos en los que el dinero malversado no entraña un lucro personal. Esta rebaja, sin embargo, se hace difícilmente asumible en un contexto en el que el Ejecutivo europeo planea aprobar en los próximos meses un paquete de medidas anticorrupción y que ha convertido esta causa en una de sus señas identitarias. Es de todo punto razonable. La vigilancia, transparencia y buen uso en el manejo de los fondos públicos son de los marcadores democráticos más contrastados, lo que justifica la natural preocupación mostrada por el comisario europeo.
La heterodoxia legislativa con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante la última reforma del Código Penal puede debilitar la credibilidad de nuestro país en distintos sentidos. Algo que, con urgencia y de manera responsable, debería intentar revertirse. De una parte, la rebaja de penas del delito de malversación no parece mostrar un especial compromiso en la persecución y castigo de la corrupción y, al mismo tiempo, esta modificación puede poner de manifiesto las motivaciones que inspiraron esta reforma. No extraña, por lo tanto, que Europa extreme su vigilancia ante un nuevo escenario legal en el que se hará más sencillo malversar y que podría, incluso, incentivar un uso ilícito del dinero público. Con el delito reformado, la desviación de fondos públicos entrañará un menor castigo. La condición finalista de la malversación o el ánimo subjetivo de lucro resultan irrelevantes si lo que se quiere es hacer más robusta y eficaz la persecución de la corrupción.
Las palabras del comisario de Justicia europeo tienen, además, el valor de un anuncio dado que la intervención de Reynders reproduce un comportamiento típico en las instituciones europeas. Este aviso oral es la primera advertencia con la que se suele proceder antes de acometer acciones de mayor calado. En cualquier caso, el mero hecho de que España se exponga a la posibilidad de arriesgar su credibilidad nos coloca en una situación comprometida a pocos meses de asumir la Presidencia Europea.
No es la primera vez que España demuestra algunas carencias en cuanto a transparencia en los datos, agilidad de gestión y control de los fondos, lo que condiciona nuestro prestigio como país y que, sobre todo, puede condicionar el acceso a nuevas etapas del plan de financiación solidario. En febrero, una misión de once diputados comunitarios visitará España para auditar el manejo de estas ayudas. El Ejecutivo tiene aún tiempo por delante para asumir su responsabilidad e intentar ofrecer las garantías debidas sobre el uso diligente y eficaz de estos fondos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete