editorial
Activar el pacto antiyihadista
La lucha contra el yihadismo es un asunto de Estado lo suficientemente importante como para que no existan fisuras en la comunicación entre Gobierno y oposición
El asesinato del sacristán de la iglesia de la Palma y el apuñalamiento del sacerdote de la iglesia de San Isidro en Algeciras tienen visos de ser atentados de inspiración yihadista. Así parecen confirmarlo los testigos presenciales, quienes sostienen que el detenido, Yazine Kanza, exclamó gritos referidos a Alá antes de cometer el crimen. El presunto asesino no contaba con antecedentes penales conocidos aunque sí hay constancia de que el joven, de 25 años, tenía un historial psiquiátrico en la ciudad de Tánger. La Policía había detenido a Kanza en 2022 y, al constatar que no contaba con la documentación necesaria para residir en suelo español, se cursó una orden de expulsión. El proceso se dilató y la devolución a Marruecos nunca llegó a ejecutarse. Estos dramáticos hechos arrojan algunas dudas que, necesariamente, deben ser resueltas. No sólo es relevante desentrañar si, en efecto, concurrieron motivaciones yihadistas en el ataque. También es grave que a estas horas el líder de la oposición y las demás fuerzas parlamentarias carezcan de la información suficiente para calibrar el alcance de un suceso de inequívoca relevancia.
En 2015, después del atentado contra la redacción de 'Charlie Hebdo' y del ataque a una cadena de supermercados 'kosher' en París, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el entonces secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, firmaron el pacto para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Aquel acuerdo, conocido como pacto antiyihadista, supuso un ejercicio de responsabilidad de Estado por parte de los dos grandes partidos que se han sucedido en el gobierno. Posteriormente, otras formaciones como Ciudadanos, Unió, Coalición Canaria, UPyD, UPN, PAR y Foro Asturias decidieron responsablemente unirse a un acuerdo que fue el cuarto en materia antiterrorista de nuestra democracia. En aquellos días, el propio Pedro Sánchez suscribió, con perfecto fundamento, la necesaria unidad contra el terrorismo yihadista. El pacto hacía referencia explícita a los lobos solitarios: radicales que no forman parte de ninguna organización preexistente pero que son capaces de cometer atentados de forma aislada. Un 'modus operandi' compatible con lo acontecido.
La lucha antiterrorista y el combate al extremismo religioso es un asunto lo suficientemente importante como para que no existan fisuras en la comunicación entre partidos o administraciones. La rentabilización política de acontecimientos tan graves y con tantas aristas denota una falta de escrúpulos en quienes renuncian a ejercer con prudencia y eficacia la responsabilidad que les ha sido encomendada. Los grandes consensos en asuntos estratégicos para el Estado y la leal cooperación en fuerzas políticas resultan imprescindibles para atajar amenazas que deberían superar, con mucho, los matices ideológicos. Por este motivo, resulta especialmente imprudente por parte del Gobierno no haber convocado el pacto antiyihadista para que todos los firmantes puedan tener acceso a la información disponible en relación con estos crímenes. Esta cooperación, además de proyectar una imagen pública de unidad, adquiere también una utilidad operativa a la hora de esclarecer lo ocurrido.
La unidad de acción entre Gobierno y oposición es imprescindible en algunas cuestiones que trascienden el corto plazo. Durante todo el Ejecutivo de Sánchez, la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista no se ha reunido ni una sola vez. Después de lo ocurrido en Algeciras, esta convocatoria, la transparencia en el uso de la información y la cooperación entre fuerzas políticas se hacen tan urgentes como imprescindibles.
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