Honrada insubordinación

El escrito que firma Zaida Isabel Fernández, por ejemplo, la abogada del Estado que ha redactado la querella contra el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. La comidilla entre sus compañeros, deseosos de ver cómo acaba lo que consideran un error garrafal. ¿Podía haberse negado la abogada? Perfectamente. ¿Podían haberla cesado en ese caso? Hubiera sido escandaloso, pero sí, le pasó a Edmundo Bal cuando se negó a avalar con su firma la modificación del escrito de la Abogacía del Estado para eximir a los líderes 'indepes' del delito de rebelión. Acabó él cesado por supuesta rebeldía, insubordinación. A la náusea, supongo.

Canta Sabina el deseo de que «ser valiente no salga tan caro». Un extra de 30.000 euros en el caso de los altos cargos de la Abogacía del Estado si son cesados pero, en fin, el trabajo está asegurado. Los hay que se han jugado más. Ahí está el caso del fiscal Ignacio Stampa. Si quieren conocer la vergüenza que produce la actuación de algunos funcionarios y, me temo, periodistas, escuchen el pódcast de 'El país de los demonios', donde se describe 'El complot' –así se llama el libro escrito por el fiscal– urdido contra un funcionario público responsable y voluntarioso. Y ahí siguen Dolores Delgado y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tan panchos. Hay momentos emocionantes en el pódcast, como cuando Stampa agradece a dos compañeros el escrito en el que no pueden acusarle de nada porque nada hay y, además, le felicitan por su trabajo o les dice a sus hijos que no le han votado para la plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Fiscales valientes y cobardes.

Cuando abundan los funcionarios cobardes, el camino es más fácil para los políticos que olvidan el servicio público para ocuparse del privado. Un político corrupto siempre va a necesitar a funcionarios que no le paren. Que miren para otro lado. Que firmen escritos contra su conciencia. Esos políticos sueñan con que el ambiente se deteriore tanto como para que la coartada sea «lo hace todo el mundo». Hacerlo teniendo un sueldo garantizado de por vida debería dar el doble de vergüenza. Y, dado lo que ha ocurrido en la Fiscalía, lo que pasó en el ministero de Ábalos, lo que estamos viendo en la abogacía del Estado, la deriva no es esperanzadora.