El fiscal general y el mal menor

Decía que los mensajes los borró él mismo. No pudo ser de otro modo. La Fiscalía habla del hecho de manera impersonalizada, «los mensajes se borraron», como si se hubieran podido eliminar solos, a distancia o por un tercero. Pero nada de esto es posible. Ningún programa informático externo borra automáticamente correos o mensajes porque supondría una interferencia en las comunicaciones, algo ilegal, y los técnicos de la Fiscalía no andan recogiendo móviles para ir borrando mensajes. Por tanto, aunque queramos creer que la eliminación de contenido se produjo por ese protocolo de protección de datos que ningún otro fiscal conoce ni sigue, solo pudo llevarla a cabo el responsable del teléfono.

Es evidente que si García Ortiz no dimitió al convertirse en el primer fiscal general imputado de la democracia no lo va a hacer ahora, pero no por eso hay que dejar de reclamar que abandone ya su cargo. Hay quien dice que ha querido dimitir pero La Moncloa no le ha dejado. Pero esta tesis resulta casi peor porque implica que asume una dependencia de las órdenes y deseos del Gobierno, cuando su cargo es autónomo. Solo su elección está jerarquizada, no su labor. Si García Ortiz quiere dimitir, nada ni nadie se lo puede impedir.

La política ha dejado de ser política para convertirse en relato, y el relato está colonizando las instituciones del Estado hasta el punto de resultar necesario recordar que estas deben funcionar al margen de la política, si no quieren verse cuestionadas por la sociedad. Y la Fiscalía, más que ninguna. En la utilización de esta institución, tan responsable es quien la hace –el Gobierno– como quien la permite –el fiscal general–. No puede haber uso político si no existe esta doble coincidencia. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta con que arrancaba el artículo: ¿qué tenía García Ortiz en sus mensajes para borrarlos sabiendo que eso sería un claro indicio de culpabilidad de cara al juez?