Creencias religiosas y Radiotelevisión Española

Esta ofensa hacia la fe cristiana que tantos profesamos reviste una especial gravedad, no solo por la intencionalidad y cobardía de las que hace gala, prevaliéndose de un clima social en el que reina la impunidad más absoluta, sino por el hecho de haberse producido desde un medio de comunicación social público, que según nuestra Constitución ha de respetar el pluralismo de la sociedad y por consiguiente estar al servicio de todos los españoles, y no solo de algunos, y que además se financia con cargo a recursos públicos procedentes de las aportaciones de todos los contribuyentes, también de las de millones de cristianos, ciudadanos en condiciones de igualdad que contribuyen al sostenimiento de la televisión pública, que se supone la televisión de todos y que a todos ha de respetar por igual; sin que pueda servir de plataforma para arremeter, como es el caso, contra una devoción religiosa inveterada.

Por lo demás, este injustificable episodio protagonizado por Televisión Española, haciendo escarnio de la fe y de las creencias religiosas, supone una quiebra más de las bases de la convivencia civil entre españoles. Y, en particular, una quiebra del modo en que nuestra Constitución reconoce y valora la fe religiosa, positivamente, y nunca de manera hostil. Prueba de ello es que reconoce y garantiza la libertad religiosa; pero, además, obliga –pues entraña un verdadero mandato constitucional– a que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Y de ahí que el respeto a las convicciones religiosas constituya un deber (jurídico, y también moral) que pertenece a las bases de la convivencia democrática que debe ser garantizada por los poderes públicos.

Es por ello –y así debe proclamarse, alto y claro– que comportamientos como el ahora denunciado no tienen cabida en nuestro orden constitucional de convivencia, ni pueden tenerla en un sistema verdadera y auténticamente democrático, pues una democracia digna de tal condición ha de garantizar el pleno y efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentra la libertad religiosa de todos sin excepción. Además, sobre los poderes públicos pesa el deber (constitucional) de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española; lo que implica una aceptación positiva y favorable del hecho religioso y, desde luego, respeto a la fe religiosa que profesan millones de personas, más aún cuando ésta conforma todo un patrimonio espiritual y cultural enraizado en la memoria y tradición de 2.000 años de cristianismo y es fundamento de instituciones, usos y convicciones nacidas y nutridas de esa cultura, que forman parte incontrovertible de la identidad colectiva del pueblo español.

Por el contrario, en nada se compadece con un orden democrático de convivencia respetuoso con la libertad religiosa esta suerte de 'nacional-laicismo' que pretende imponerse desde ciertos sectores, y que, postulando como paradigma que lo religioso deba quedar recluido a una dimensión puramente privada, crea seguidamente unas condiciones de hostilidad frente al hecho religioso en el espacio público, para después terminar por adoptar un modelo ideológico a modo de 'religión civil' que rompe con el deber de neutralidad que debe predicarse por principio de los poderes públicos y que utiliza los resortes del Estado para imponerlo a la sociedad entera a través de la cultura, la legislación y los medios de comunicación social.

Y termino. Lo acontecido en el programa de fin de año de Televisión Española constituye un acto blasfemo y una agresión gratuita e injustificable que no cabe ser ignorada por la sociedad. Y demanda –cuando menos– disculpas oficiales, no solo ante quienes profesan la fe cristiana, sino ante millones de españoles y de ciudadanos de bien, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, que no comparten que la ofensa a los sentimientos religiosos pueda ser el modo en que se conduzcan los poderes públicos en una sociedad democrática –y, desde luego, no la televisión pública sostenida con el dinero de todos–, ni aceptan tampoco la muestra de sectarismo, desprecio y agresión que dichos comportamientos traslucen, sino que además consideran que el presente y el futuro de España requieren seguir el camino de una convivencia serena en paz, justicia y libertad.