La Alberca
¿Y quién borra al fiscal?
Según la doctrina jurídica de los actos propios, nadie puede ir contra sus comportamientos anteriores
La corrupción incorrupta
Las burradas de Juanma Moreno
Es tan cínico todo lo que concierne al caso del fiscal general que hasta el diccionario va a terminar enloqueciendo con tan impúdico descalabro del sistema. Porque el Supremo puede pasar de investigar a Álvaro García Ortiz por un delito de descubrimiento a hacerlo ... por uno de encubrimiento. Puro sanchismo. Las propias palabras van a terminar a garrotazos entre ellas para abrirse hueco en el relato del actual aparato de poder, que no sólo está conformado por el Gobierno, sino por algunos resortes más del sistema. El fiscal general entró en el juzgado para hablar de la filtración de un documento privado que debía custodiar su institución y va a terminar dando explicaciones, aunque sólo sea a su letrado, sobre el borrado de pruebas que según la Guardia Civil llevó a cabo el mismo día en que supo que se le investigaba. A partir de ahí da igual en qué quede judicialmente el asunto. España no puede permitirse que su más alto habilitado para defender los derechos públicos en los tribunales y garantizar el cumplimiento de la ley haya podido hacer exactamente lo contrario de aquello que se le tiene encomendado. Aquí debería terminar el debate. Pero el mismísimo presidente del Gobierno nos ha reclamado que pidamos perdón a «su» fiscal general, suyo, suyo, suyo, porque en su teléfono no había nada. Y nos obliga a seguir explicando la tropelía de manera serena. ¿Sabrá Pedro Sánchez qué es la doctrina de los actos propios?
Cualquiera que tenga una mínima noción jurídica, no hablo ya de un fiscal general, sabe que cuando se está siendo investigado no se puede alterar un hecho previo porque se estaría agravando el posible delito. Desde el Derecho Romano está consagrada la idea de que nadie puede ir contra sus propios actos y comportamientos anteriores. Ni en beneficio propio ni en perjuicio de terceros. Borrar el teléfono y el correo electrónico el mismo día que se conoce que está siendo investigado es en sí mismo un indicio. Las diligencias practicadas en los teléfonos del resto de fiscales implicados demuestran que la noche de la famosa filtración del documento privado del novio de Díaz Ayuso estos enviaron cosas –vamos a decir cosas– al 'mail' personal que García Ortiz borró. Para el reseteo del teléfono arguyó un protocolo de seguridad que, por cierto, el máximo responsable del departamento digital de la Fiscalía declaró no conocer. ¿El correo personal también estaba sometido a ese protocolo? Los actos propios, es decir, los realizados bajo investigación con el objetivo de modificar las actuaciones previas, son una inculpación implícita. Pero más allá de esta doctrina jurídica, nos basta con la moral. Analizando este tipo de conductas, Pufendorf escribió esto en el siglo XVII: «Una de las máximas más inviolables del Derecho Natural, de cuya observación depende todo el orden, toda la bondad y todo lo agradable de la vida humana es que cada uno debe cumplir religiosamente su palabra, es decir, efectuar aquello a lo que se ha comprometido por alguna promesa o por cualquiera convención». ¿Qué promete un fiscal general cuando jura el cargo? ¿Y quién le borra a él?
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