Otro paso hacia la dictadura

Se podrá estar de acuerdo o no con el autor, pero lo que resulta indiscutible es que tiene derecho a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, que en el caso de los funcionarios públicos no está sometida a más limitación que la del resto de los ciudadanos. Fernández de la Vega parece querer dar la impresión de que ha incoado el expediente disciplinario con el respaldo de la Comisión Permanente del Consejo, pero la realidad es que sólo se afirma que esta comisión ha sido «oída». Lo que no quiere decir que se haga lo que piden sus miembros. También se recogen algunos mensajes publicados por García-Trevijano en su cuenta de Twitter, @garciatrevijano, en la que vierte opiniones políticas, pero aparece sólo como «abogado», lo que ratifica el ataque frontal de este Gobierno a la libertad de expresión. Y esta libertad es un componente esencial de la democracia. Las dictaduras podrán aplicar distintos grados de restricción de la libertad de prensa, pero las democracias no pueden hacer lo mismo. Sólo hay democracia cuando hay plena libertad de expresión. Y este Gobierno ya tiene probado que no cree en ella. Ya se permite hasta no dar cuenta de los Consejos de Ministros ante la opinión pública.

Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, que ejerció el cargo entre 1801 y 1809 afirmó que «yo prefiero tener Prensa sin Gobierno que Gobierno sin Prensa». Y para él la «Prensa» era el equivalente en los albores del siglo XIX a la libertad de expresión actual. Este Gobierno es el que peor balance tiene en libertad de expresión de la historia de la democracia española. Ya la vicepresidenta Calvo habló en septiembre de 2018, en un seminario de la Asociación de Periodistas Europeos, de limitar la libertad de expresión para proteger «el modelo educativo». Desde entonces este asunto ha sido un desparrame en el que hemos llegado al extremo de ver al vicepresidente segundo del Gobierno señalando a periodistas con nombre y apellidos y ahora a Fernández de la Vega prohibiendo la libertad de expresión de un funcionario público. Huelga decir que la única razón de buscar esa prohibición es porque es crítica con la actuación política del Gobierno. No porque las opiniones expresadas por García-Trevijano pongan en peligro la seguridad del Estado o la vida de una persona, bienes cuya protección está por encima de la libertad de expresión. Pero incluso los terroristas de ETA que hoy se sientan en las instituciones políticas tienen más libertad que un probo funcionario público que se ha ganado su condición de letrado en justa lid opositora. Y que no hace gala de esa condición para reforzar la validez de su argumentación, sino que sencillamente alega su condición de abogado, algo mucho menos relevante. Vamos hacia las tinieblas.