Heterodoxia fiscal

En un contexto de libertad económica, como el existente en la Unión Europea, resulta ingenuo pensar que el problema de la financiación pública se va a resolver gravando más a los ‘ricos’ y a las ‘empresas’. Los primeros, porque seguirán el modelo de Tiebout y adoptarán la residencia fiscal que más les convenga. Las segundas porque la política fiscal es materia exclusiva de los Estados y la competencia fiscal sigue más vigente que la armonización, a pesar de las recomendaciones del G-20 para establecer un impuesto de sociedades mínimo del 15 por ciento. No queda más recurso para aumentar la recaudación que gravar aún más a las sufridas rentas del trabajo y a los autónomos, lo que puede provocar un aumento de la ya elevada economía sumergida, con reducción de la recaudación, como muestra la curva de Laffer.

Escribía en una anterior Tercera de ABC que la reforma fiscal parcial de finales de 2014 recogió algunas de las propuestas contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de la que formé parte. Pero muchas otras no fueron introducidas por razones de consolidación fiscal y también de oportunidad política. Nuestro sistema fiscal sigue necesitando una reforma rigurosa, razonable y solidaria, que elimine las muchas deficiencias que fomentan la economía sumergida y desincentivan a inversores y talentos extranjeros, desviándolos a países como Portugal, Francia e Italia que, independientemente del signo ideológico de sus gobiernos, han sabido establecer regímenes fiscales más atractivos. En España resulta lamentable que sean los tribunales y los medios de comunicación quienes contribuyan a ‘desfacer tanto entuerto fiscal’ ante la pasividad de quienes debieran hacerlo aplicando las recomendaciones de los expertos en materias tan importantes para los ciudadanos como son las fiscales.

El eco en la prensa suscitado hace pocos años por resoluciones judiciales sobre el impuesto de las hipotecas y el impuesto municipal de plusvalía en ventas con minusvalía contribuyó a que el Gobierno se pronunciara sobre los temas citados. Para el primero propuso que fuera soportado por las entidades financieras, ignorando el fenómeno de traslación impositiva con lo que el sufrido prestatario sigue soportando el impuesto. Respecto al segundo, de nuevo ha saltado a los medios de comunicación una decisión del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal de plusvalía que cuestiona el método de cálculo de la base imponible al estar basado en el valor catastral y no en el precio real obtenido en la venta de un inmueble. De este tributo podrían cuestionarse otros aspectos como es la injustificada doble imposición al gravar una renta que tributa también en el IRPF; la pervivencia de la tributación de la injustificada ‘plusvalía del muerto’ en las herencias a pesar de que ya se eliminó en el IRPF; y la tributación de la inexistente ‘plusvalía del vivo’ en las donaciones con doble imposición dada su tributación en el IRPF. La medida adoptada para compensar la pérdida de recaudación municipal no es sino un ‘parcheo’ del impuesto en vez de acometer una razonable y rigurosa reforma de la financiación local eliminando injustificados supuestos de doble imposición.

Se debate estos días sobre cómo se va a financiar el importante aumento del gasto público de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Las estimaciones sobre el crecimiento y la recaudación constituyen serias incógnitas. A éstas se une el riesgo de un incremento de los tipos de interés con lo que la carga de la deuda pública aumentaría máxime teniendo en cuenta que, en pocos años, la deuda ha pasado del 60 al 120 por ciento del PIB. El problema radica en proclamar que el tema se va a resolver obligando a pagar más a los ricos y a las grandes empresas olvidando los postulados de los profesores Laffer y Tiebout. Al final subirán los impuestos a los contribuyentes con rentas más controladas, las del trabajo. En una interesante Tercera sobre ‘Populismo fiscal’ de Fernando Fernández Méndez de Andes, compañero en la Comisión de Expertos citada, calificaba de «gran falacia la vorágine de creatividad impositiva para que paguen los ricos».

Hay muchas paradojas fiscales como son los tributos sin objeto imponible, la heterodoxa forma de calcular la capacidad económica aplicada en ocasiones y la desorbitada carga fiscal derivada de la aplicación de ciertas normas. Todos ellas parecen olvidar que el artículo 31 de la Constitución proclama gravar según la capacidad económica real del ciudadano. Otras provocan injustas diferencias de carga fiscal según la comunidad autónoma de residencia con presunta vulneración del artículo 14 CE que proclama la igualdad de los españoles. Demasiadas cuestiones para plantearlas al Tribunal Constitucional porque la reforma fiscal no es competencia del poder judicial sino del legislativo a propuesta del ejecutivo. En el diseño de una reforma fiscal rigurosa se debería tener en cuenta la opinión de los expertos para evitar que se produzca el modelo de Tiebout, la ‘votación con los pies’, y la curva de Laffer, caída de la recaudación por el aumento de la economía sumergida, provocada por heterodoxos planteamientos. En otro artículo expondremos las líneas en las que podría basarse una reforma fiscal que haga más razonable, solidario, e incluso aceptable, nuestro sistema fiscal.

Rafael Ortiz Calzadilla es catedrático de Hacienda Pública, UCM