Juicio del 23-F y juicio del 1-O

El gobierno de UCD había sido claramente víctima de un golpe de Estado «apoyado» en el continuo horror y hartazgo de los atentados de ETA y en el atisbo de la voracidad de las comunidades autónomas, mientras que el gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez, ha llegado al gobierno precisamente «apoyado» en los votos en el Parlamento español de quienes han sido los promotores del golpe del 1 de octubre. Y esta vinculación es la que vicia ya el clima del juicio, porque antes de su inicio la ministra de Justicia perturbó el proceso, relevando al abogado del Estado partidario de sostener el delito de rebelión por otro letrado que lo ha tipificado de sedición, de menor impacto penal, como gesto -sin duda pactado- para cumplir con las condiciones impuestas por los dirigentes de la Generalitat para seguir gozando de su apoyo parlamentario.

Otra diferencia de grado superior es que desde la realización del golpe, miembros de este Gobierno, y de su partido -la delegada del Gobierno en Cataluña y el máximo representante del Partido de los Socialistas de Cataluña, entre otros- ha estimulado el debate del posible indulto de los procesados ejerciendo una vergonzosa presión sobre los miembros del Tribunal Supremo. ¿Se imaginan que en 1982 algunos miembros de UCD se hubieran manifestado antes del juicio partidarios del indulto de Milans, Armada y Tejero y que el ministro de justicia no hubiera considerado rebelión lo que millones de españoles vimos por televisión y oímos por radio? ¿Se imaginan que ante el inicio del juicio de los militares rebeldes, el Gobierno de UCD hubiera expresado retiradamente que el juicio era la expresión del fracaso de la política, como constantemente pregonan varios dirigentes socialistas?

Otro hecho vergonzoso es la renuncia de este Gobierno a defender la figura del Rey de los ataques indignos de las instituciones catalanas y de sus dirigentes, callando ante los desprecios en sus visitas a Cataluña y llegando a votar en el Parlamento -el 28 de octubre del 2018- a favor de la despenalización de las injurias al Rey, como acertadamente señalaba la periodista Almudena Martínez Fornés, en ABC, el pasado 24 de febrero de 2019, «en el momento de mayor acoso a la nación y a la Corona».

Desde el mes de junio de 2018, hemos constatado que al actual presidente del Ejecutivo, que apoyó una aplicación «suave» por parte del Gobierno de la nación del artículo 155 de la Constitución, le han bastado seis meses -de diciembre de 2017 a junio de 2018- para pactar con los promotores del golpe una moción de censura contra el anterior gobierno. ¿Se imaginan lo indigno que sería ver a los gobernantes de UCD sentarse a negociar con quienes habían promovido y alentado el golpe del 23-F?

Otra de las tristes diferencias entre uno y otro juicio es la benevolencia que los golpistas merecen en varios medios de comunicación, mientras y me consta, en 1982 el presidente Calvo-Sotelo logró un acuerdo con todos ellos, y solo hubo un periódico afín a las tesis de los militares golpistas.

Y esta triste reflexión tiene que concluir con un recuerdo incuestionable: a los pocos minutos de que el Tribunal militar condenara al general Alfonso Armada a solo seis años de cárcel, frente a los treinta del general Milans del Bosch y del teniente coronel Tejero, el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo presentó recurso ante el Tribunal Supremo, que meses después aumentó la pena a treinta años al general Armada, una vez probada su inducción y participación en la trama del golpe, ejerciendo así un ejemplar comportamiento en defensa de nuestros valores democráticos contenidos en nuestra Constitución. Es un hecho histórico y ahí queda.

Carlos Abella es escritor