Había que aprobarlo ‘sí o sí’

Aquí no valen los alegatos de barra de bar: ¡Se equivocó, que apechugue! Guárdense sus seudoargumentos los que tocan de oído, que esto no es una votación de taberna. Es un procedimiento legalmente previsto que la presidenta del Congreso se ha negado a aplicar. ¿A sabiendas? Bueno, ostenta el cargo que ostenta y es profesora de Derecho Constitucional.

El voto telemático no consiste solo en usar una aplicación informática. La ley obliga a la presidenta a comprobar telefónicamente, por sí o por persona delegada, la emisión y el sentido de ese voto. Lo he vivido. Te llama un letrado antes de la votación y tú, ya tengas 39 de fiebre, ya estés escayolado, recién operado, hospitalizado o no, te pones al aparato y confirmas uno por uno el sentido de los votos que previamente has introducido en la aplicación. Es preceptivo. Punto.

Les dirán que en esta legislatura se ha acabado con esa práctica, que con el Covid eran demasiadas las llamadas de comprobación a realizar, y tal. De hecho, un piquete desinformativo de diputados progubernamentales, incluyendo liberales (un momento, que me parto el pecho; uf… ya puedo seguir), iba contando esa mandanga la noche del jueves, en los pasillos del Congreso y en el patio, a los periodistas parlamentarios que buscaban una explicación a lo ocurrido. Un consejo: si da usted con alguien que arguya lo de la nueva costumbre, pregúntele desde cuando un uso, por lo demás reciente, tiene más fuerza que la ley.

Otro precepto legal violado, junto con el de la obligada confirmación telefónica, es una resolución del Congreso de la que se desprende la imperativa reunión de la Mesa cuando un diputado que ha votado telemáticamente desea hacerlo luego de forma presencial. Ese fue el caso. El diputado que esta vez erró en el voto telemático, y que no pudo corregirlo porque no recibió la llamada telefónica, se presentó antes de la votación para emitir su voto presencial y subsanar el fallo. La presidenta, en una segunda transgresión de la norma, no reunió a la Mesa, denegó la solicitud y prohibió la entrada del diputado en el hemiciclo. Por eso dos de los miembros del órgano rector de la Cámara, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, presentaron tan pronto como se consumó el pucherazo un escrito solicitando la convocatoria urgente de la Mesa a fin de tratar el incumplimiento de la mencionada resolución.

Así las cosas, dos grupos parlamentarios instan a la repetición de la votación y anuncian que acudirán a los tribunales si la presidenta no enmienda lo que hizo: conculcar el ejercicio del derecho de voto de un diputado. A partir de aquí, pueden suceder dos cosas: que Batet se la envaine o que persista.

Lo mejor para todos -enseguida explicaré por qué- es que se la envaine. Lo ‘aprobado’ decaerá, las grandes empresas, con la patronal, los sindicatos, Yolanda Díaz y el resto del Gobierno, se llevarán un disgusto y Sánchez tendrá que replantear las opacas condiciones que ha impuesto para distribuir el maná europeo al gusto de su clientela. Unas condiciones estrechamente relacionadas con la aprobación del decreto de reforma de la reforma laboral.

Lo peor para todos, empezando por Batet, es que persista. Puede enfrentarse a acciones penales por prevaricación, pero eso es lo de menos. El Tribunal Constitucional, que no actúa al dictado de los piquetes desinformativos y que conoce el Derecho, amparará al diputado Casero. Sería deseable que resolviera deprisa, pero dados los antecedentes es poco probable que lo haga. Y esto es lo que sucederá: las empresas que se vean perjudicadas por haber tenido que convertir en fijos a sus trabajadores temporales podrán reclamar al Estado que las indemnice por el perjuicio patrimonial. Y muchas lo harán. Aunque estemos tentados de exclamar «¡allá el Estado con sus problemas!», lo cierto es que esas indemnizaciones futuras las pagaremos usted y yo, como todo.

Siendo grave lo anterior, mucho más lo es el modo en que el deterioro del sistema se está acelerando. Nos gobierna un señor al que el Comité Federal de su partido echó de la Secretaría General mediante una moción de censura hace menos de cuatro años. ¿Por qué? Por intentar que se votara la convocatoria de un Congreso Extraordinario colocando una urna tras una mampara y prescindiendo de controles, de censo y de interventor. Cuando volvió en olor de multitud -el olor de la militancia- y se puso a cortar cabezas, todos los que habían condenado el pucherazo se quedaron callados como putas y quietos como muertos, a ver si se libraban de la purga. Algunos lo lograron, muy pocos. Otros saltaron con tanta gracia que, tras algunas piruetas merecedoras de un diez olímpico, ofician ahora de trujamanes en la penumbra y velan por los intereses de sus clientes, grandes empresas, en la pedrea de los fondos europeos. Se han asegurado, claro está, de que las primeras en tocar dinero fresco sean las consultorías.

Intentar un obsceno pucherazo en un Comité Federal del PSOE es cosa bastante fea, pero a fin de cuentas las salpicaduras no manchan a los demás. Llevar el estilo al Congreso porque el decreto tiene que aprobarse ‘sí o sí’, como gustan de decir los que ignoran la expresión ‘quieras que no’, es peor que feo. Es un salvaje punto de inflexión en nuestra historia democrática.