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El escándalo Bacigalupo

Es un escándalo, digno de ser divulgado, pregonado y machacado como el que canta Raphael. El nombre del magistrado Enrique Bacigalupo ha estallado como un triquitraque en escándalo morrocotudo desde mi Buenos Aires querido hasta el Madrid, Madrid, Madrid, la cuna del requiebro y del chotís, a una y otra orilla del charco. Las radios y los periódicos argentinos echan chispas con la remanguillé pensionista de este peculiar sujeto que por haber ocupado durante mes y medio un cargo de segunda fila en el gobierno de Héctor Cámpora lleva cobrado en concepto de pensión medio millón de dólares.

Así va la economía de aquel país. Ante ese escándalo, hasta el presidente de la República ha intervenido para anunciar que va a acabar con tales «pensiones de privilegio». Aquí, el presidente del Tribunal Supremo ha salido al campo para aclarar que, si la pensión es compatible con el sueldo de magistrado, su cobro es legal. Obvio, señor presidente. Gracias. Pues claro que sí, aunque alguien tendría que decirnos, aquí y allí, si hay o no hay incompatibilidad en que un magistrado del Tribunal Supremo español cobre una pensión vitalicia de otro país. Resuelto el aspecto legal, queda la ética y, a la vista de la situación que atraviesa Argentina, el pundonor y lo que hay que tener.

Y resta por conocer algo aún más importante. Tal y como anda la señora Justicia en nuestro país y las diversas intervenciones polémicas de este singular magistrado, conviene saber si esos ingresos han sido declarados o no al Fisco de España. Mucho más porque este personaje llegó aquí y llegó al Tribunal Supremo apadrinado y protegido por Felipe González cuando éste era secretario general del partido socialista y sobre todo presidente del Gobierno. No sería de recibo que tuviéramos en el Supremo a un defraudador de Hacienda administrando justicia. Ya se sabe que quien hace un cesto hace ciento.

Especialmente alarmante resulta esa declaración de Bacigalupo según la cual «no recuerda» si ha renunciado al cobro de su privilegiada pensión. Porque si un funcionario de la Administración de Justicia no recuerda si ha renunciado o no a una pensión mensual de mil seiscientos euros, sabe Dios la cantidad de dinero que gana con sus obras, trabajos, labores, artes o mañas. Y este es el personaje que se permitió juzgar y condenar a un juez honrado y persona intachable como Javier Gómez de Liaño. Conviene recordar que con ello evitó que se investigaran las empresas de Jesús Polanco, el Hombre Más Rico de España.

Todo el año es carnaval, que dijo Larra. Pero a veces, en medio del baile, a alguien se le cae el antifaz y se le ve la cara.

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