Caamaño cogió su pancarta

LA presencia de Francisco Caamaño, ministro de Justicia, en la manifestación contra la política de bilingüismo del Gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, es un hecho insólito del que tiene que dar una respuesta convincente. Caamaño no es diputado por Galicia, ni tiene cargo alguno en el Partido Socialista de esta comunidad. Tampoco se le conocía una especial sensibilidad por la defensa del gallego. Sin embargo, su asistencia y sus mensajes reivindicativos del pasado domingo han descubierto a un entusiasta militante de la política filonacionalista de su partido, que fue castigada por los electores gallegos en las últimas elecciones autonómicas. Sin duda, el BNG ha encontrado un apoyo inesperado para futuras reediciones del bipartito social-nacionalista.

Caamaño se ha equivocado gravemente al perder la neutralidad que corresponde a su cargo de Ministro de Justicia. En actos así no vale disociar su condición pública de su responsabilidad política. Su asistencia a una manifestación de clara significación nacionalista es impropia de un ministro y, además, lo inhabilita como interlocutor con el Ejecutivo gallego, en un momento en el que lo menos conveniente para la situación de la Justicia es que su ministro ande cortando cauces de comunicación y jaleando protestas contra un ejecutivo autonómico.

Además, el mensaje catastrofista e infundado de Caamaño sobre el futuro del gallego -llegó a pedir que sus hijos pudieran aprenderlo, como si estuviera en peligro de extinción- pone de manifiesto su doble rasero con este delicado asunto. Especialmente si se recuerdan las rocosas defensas que ha protagonizado a favor del Estatuto de Cataluña, en el que se prevé una inmersión lingüística de la administración de Justicia que hace del catalán su idioma oficial, al convertir en deber -no en derecho o en mérito profesional- su conocimiento por jueces y fiscales. De esto -y, por ejemplo, de las huelgas judiciales- debería preocuparse Caamaño como ministro de Justicia, porque la marginación del castellano como idioma oficial español sí afecta a derechos fundamentales de muchos ciudadanos y funcionarios castellanohablantes. Quizá todo se deba a un proyecto político personal a largo plazo. Caamaño se ha comportado más como candidato socialista a la Xunta -aprovechando las secuelas de la derrota del PSdeG tras la torpe legislatura de Pérez Touriño- que como ministro de Justicia. Si esa es su aspiración, es muy legítima, pero sería bueno que aclarara sus objetivos, para saber cuándo habla como ministro y cuándo como candidato in pectore.