Batasuna, a juicio

Cuando Aznar afirmó en Menorca que «no iba a dar a Batasuna un segundo de respiro», no iba de farol. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la presentación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo de la demanda de ilegalización de Batasuna, a lo que fue instado por acuerdo del Congreso. Los datos que ofreció el ministro de Justicia, José María Michavila -entre otros, la fecha de presentación: 3 de septiembre-, muestran una demanda sólida y exhaustiva, ampliamente documentada (un millar de pruebas) para acreditar, por un lado, la trayectoria histórica de vinculación de Batasuna a ETA, y, por otro, la comisión de más de veinte conductas previstas por la ley de Partidos como actos contrarios a los principios democráticos.

Los trámites previstos por la ley de Partidos, previos a la intervención judicial, se han culminado con el nivel político y moral que exigía esta iniciativa histórica contra el terrorismo. PP y PSOE han reafirmado la validez de la política de Estado como impulsora de grandes consensos y han dado a las instituciones democráticas la fuerza moral y legal suficiente para afrontar una batalla decisiva, aunque no sea definitiva, contra el terrorismo. Sin embargo, no habrá que esperar a la decisión judicial, ni siquiera a la presentación de la demanda para que el nacionalismo vasco gobernante fije su posición ante la ilegalización de Batasuna. De forma progresiva, el PNV y el Gobierno de Ibarretxe han ido endureciendo su discurso contra Aznar y los partidos no nacionalistas para hacerlos responsables de la crispación que se pueda producir en el futuro. Desde el martes, todas las declaraciones de sus portavoces han sido homogéneas en la descalificación del acuerdo parlamentario y del auto de Garzón y en la defensa de Batasuna, que, según Egibar, no sólo no es ETA, sino que, además, tiene planteamientos democráticos. El lendakari Ibarretxe cerró ayer el capítulo de declaraciones con el cinismo que le caracteriza cuando quiere reescribir su propia historia política. Afirmar que PP y PSOE «han dado aire a ETA» y que han roto los puentes entre las fuerzas democráticas, no sólo es una burla a las víctimas del terrorismo -populares y socialistas-; es, además, una forma inmoral de hacer política, más aún porque la practica quien fue designado lendakari gracias al pacto con ETA y HB y al voto de sujetos como Josu Ternera. Las palabras de Ibarretxe le sitúan -y con él a su gobierno y a su partido- fuera de cualquier esfuerzo común contra ETA y Batasuna. Los que han visto en las actuaciones de la Ertzaintza algo más que un trámite, como las calificó Egibar, vuelven a equivocarse con el nacionalismo vasco, que sigue comprometido, por miedos y afinidades, a la unidad de fines con la izquierda abertzale. Por eso Ibarretxe rescató en su alocución de ayer el dictamen de autogobierno y por eso Egibar dijo que se estaba acelerando el proceso de «emancipación» del pueblo vasco, para que la dolida Batasuna no piense que los precintos de sus sedes tienen el más mínimo contenido político. El aire que ETA recibe cuando flaquea siempre se lo da el PNV con proyectos políticos en los que la banda terrorista y su entramado se sienten identificados.

Cada vez que sus portavoces hablan, queda más claro que el PNV se ha rebelado ante la idea de que el Estado rompa la inercia de la dinámica atentado-detención. Por eso siempre ha criticado cualquier iniciativa que mejorara la posición del Estado frente a ETA en terrenos distintos, aunque complementarios, de la mera acción policial y judicial -la lista europea de organizaciones terroristas o la ley de Partidos-, en los que, además de golpear a ETA, pudieran desvelarse las complicidades políticas con la banda terrorista y quedar deslegitimados sus objetivos soberanistas. Consecuencias que afectan directamente al PNV.