El derecho de presunción de inocencia

El poder Judicial es el único que puede juzgar y condenar con todas la garantías procesales a un ciudadano si este ha cometido un delito

Alvaro Ybarra Zavala

Es muy difícil de entender y aún más de creer que a uno de los artífices clave de la construcción de la España de hoy y que ha dedicado toda su vida al servicio de España y los españoles se le haya quebrado a nivel ... reputacional sin que exista contra el ninguna causa judicial abierta y sin haber sido acusado formalmente de nada. El derecho a la presunción de inocencia de Don Juan Carlos se ha violado de forma flagrante y con alevosía.

Todo esto sorprende aún más cuando esta vulneración de la presunción de inocencia de nuestro Rey Emérito ha sido alentada desde el Gobierno de España. Un gobierno donde la mentira se ha convertido en la máxima expresión de su idiosincrasia, con un vicepresidente cuyo pedigrí avala la sistemática violación de los derechos humanos en países como Irán o Venezuela y con varios ministros que han actuado siguiendo procedimientos más propios de una república bananera que de una democracia.

El poder Judicial es el único que puede juzgar y condenar con todas la garantías procesales a un ciudadano si este ha cometido un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Un hecho que no ha sucedido en ningún caso con Don Juan Carlos. Durante los últimos meses se han publicado en medios de comunicación artículos con importantes evidencias que plantean preguntas sobre la vida privada de nuestro Rey Emérito, sin embargo también es cierto, que a día de hoy aún no se han abierto ningún tipo de diligencia o proceso jucidicial contra el, en donde se le exija dar respuestas a esas preguntas con todas las garantías procesales recogidas en nuestro ordenamiento jurídico.

El derecho a la presunción de inocencia es una derecho de formulación constitucional recogido en nuestra constitución en su artículo 24. 2. Es una de nuestra mayores garantías como ciudadanos dentro de nuestra democracia y es aterrador observar como el Gobierno de España ha sido el principal artífice y promotor de la flagrante violación del derecho de presunción de inocencia de un ciudadano español que lo dio todo por España.

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