La responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid: «Por supuesto que entendimos que Medina y Luceño no se llevaban comisión»

La coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del consistorio de la capital, que continúa en el cargo y es testigo clave de la causa, ha afirmado a preguntas del fiscal Luis Rodríguez Sol que si hubiera sabido que los intermediarios se llevarían una comisión de casi el 150%, según la acusación de Anticorrupción, del precio al que ellos tenían el producto, «habríamos parado en seco». «Decir esto cinco años después...desde luego hubieramos repensado y replanteado la operación. Consultado con todo el mundo, incluyendo servicios jurídicos y Policía, y no le puedo decir si con la desesperación que teníamos hubieramos seguido adelante. El bien jurídico a proteger era la salud de nuestros empleados. En todo caso, hubieramos parado en seco y lo habríamos valorado. Habríamos esperado la respuesta del Estado, que le escribimos tres veces y nunca contestó«, ha declarado.

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Isabel Vega

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Collado ha explicado al Tribunal, que juzga a Luceño y Medina por estafar presuntamente al consistorio y obtener un beneficio de 4,6 millones de euros en el caso del primero y 912.700 en el caso del segundo, que siempre entendió que el interés de Luceño con la oferta de material era «ayudar a Madrid». «Siempre entendí que de forma desinteresada y altruista, igual que Medina, de eso me trataron de convencer», ha dicho.

Ha explicado que el consistorio realizó el contrato -para la compra de un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 pares de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos de Covid por 4,2 millones de dólares- a través de la empresa funeraria municipal porque era la única que podía comprar adelantando el 50% de los pagos, algo para lo que el Ayuntamiento no estaba autorizado y con ese fin se firmó un convenio con la compañía pública.

En un primer momento, fue Luis Medina quien le ofreció la donación de un paquete de mascarillas de la mejor calidad, según describió él mismo. «Fue una de las razones para entender que eran un proveedor de fiar», ha explicado Collado. «Hay múltiples razones, como el arraigo en España, el que el señor Luceño tuviera una mujer trabajando en un hospital público...la donación nos pareció una excelente noticia. El precio era el que venía en el contrato y no teníamos por qué pensar otra cosa», ha afirmado sobre si dudaron del precio de las mascarillas, que se acordó en 6,6 euros la unidad. «Entendía que era el margen comercial de la fábrica, lógicamente», ha expuesto la testigo.

Después de la introducción de Medina, ha relatado, «él dejó todas las gestiones en manos del señor Luceño y ya empecé todo con él, con decenas de llamadas y WhatsApps. Con Luceño, lo relevante era que tenía muchos contactos en China que podían facilitarnos el material para los empleados públicos», ha afirmado, reconociendo que la única información de la empresa malaya Leno Sdn Bhd, vendedora, fue la que le aportó el propio Luceño.

«No había margen para negociar. El precio unitario se acordaba y se adelantaba el 50%», ha sostenido Collado. «¿Le explicó el señor Luceño de dónde venía el precio?», ha preguntado el fiscal«. »Dijo el precio es este. Podía haber oscilado entre seis y ocho, se quedó en lo que se quedó y se plasmó en el contrato«, ha zanjado Collado.

La defensa de Luis Medina, que ejerce el letrado José Antonio Choclán, ha pedido al Tribunal reproducir ante la testigo dos audios de WhatsApp en los que él ofreció una donación de 100.000 mascarillas a la testigo y en el que decía: «Valen como dos en fábrica y la gente las está vendiendo a seis», alegando que la responsable de compras supo cuál era el precio de fábrica y de venta.

«Lo que nos importaba al Ayuntamiento de Madrid era el precio al que nos iban a cobrar, de comercialización del producto. Cuando te compras un traje en China y te lo manda Shein, probablemente cuesta 1 euro en China y 15 aquí. Entendía que el precio unitario era lo que nos tenía que llevar a tomar una u otra decisión. Para mí estaba en un rango de entre seis y ocho euros y al final fueron 6,6», ha respondido Collado después de la reproducción de los audios.

La testigo ha relatado el «disgusto» con el que vivió que el paquete de guantes que mandaron los acusados no cumplieran los requisitos que habían pedido. «Eran guantes normales y corrientes» y no para personal sanitario «que fue lo que me ofrecieron.

Llamó a ambos y Medina se ofreció a hacerles una devolución de cuatro millones de euros, lo que cumplió, aunque el Ayuntamiento se quedó con el material porque también «nos venía bien».

«Dame unas horas que renegocio», ha explicado Collado que le dijo Luceño para proceder a la devolución del margen de negocio que le explicó había conseguido con la vendedora.