Hasta su propio partido pide «suspender rápidamente» al presidente de Corea del Sur por la ley marcial
Yoon Suk-yeol, quien ordenó arrestar a los líderes de la oposición e incluso de su misma formación, se enfrenta este sábado a una moción de censura que podrían apoyar sus propios compañeros
Movimientos «sospechosos» del Ejército surcoreano obligan al ministro de Defensa en funciones a dar un paso al frente
Un asesinato, un suicidio, condenas y muchos escándalos: los turbulentos finales que han acompañado a los presidentes de Corea del Sur
Tras su sorprendente, torpe y fallida declaración de la ley marcial, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se enfrenta este sábado a una moción de censura en el Parlamento. Para que salga adelante, necesita dos tercios de sus 300 diputados, es decir, 200. De momento, la oposición cuenta con los 170 escaños de su principal fuerza, el Partido Democrático (PD), más otros 22 de grupos minoritarios. Con 192 votos asegurados, necesita al menos ocho de la formación gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP), para tumbar al presidente Yoon. Aunque algunos ya se unieron a la oposición en la sesión de emergencia celebrada en la madrugada del miércoles para rechazar la ley marcial, está por ver si vuelven a hacerlo en esta moción de censura.
En principio, el líder del PPP, Han Dong-hoon, había anunciado que bloquearía dicha moción «no para defender al presidente Yoon, sino para impedir el caos». Pero, tras hablar con él este viernes, se reafirmó en su idea inicial de que abandone el poder lo antes posible. «Dados los nuevos hechos revelados, creo que es necesario suspender rápidamente al presidente Yoon Suk-yeol de sus obligaciones para proteger a la República de Corea y a su gente», anunció Han en una reunión de urgencia de la cúpula de su partido en la Asamblea Nacional, según informa la agencia Yonhap. Con dicho comentario, estaría dando pistas sobre un posible cambio en el partido gobernante, que podría votar a favor de destituir a Yoon.
En concreto, los «nuevos hechos revelados» son que el presidente ordenó detener a las principales figuras políticas del país tras decretar la ley marcial el martes por la noche por ser «elementos contra el Estado». Entre ellos figuraban no solo el líder de la oposición, Lee Jae-myung, sino también el jefe de su propio partido, Han Dong-hoon, y el portavoz de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik.
En un comité parlamentario tras el intento de autogolpe, así lo confirmó el subdirector primero del Servicio Nacional de Inteligencia, Hong Jang-won, según confirmó a los periodistas uno de los diputados opositores. Tal y como desveló, el presidente Yoon le llamó y le ordenó «aprovechar esta oportunidad para apresarlos a todos y librarse de ellos».
Por ese motivo, el líder del partido gobernante alertó de que había «posibilidades de que el presidente volviera a llevar a cabo alguna acción radical», como una nueva declaración de la ley marcial para aferrarse al poder.
Ese temor, junto a los rumores de movimientos extraños de tropas, volvieron a disparar la alerta en Corea del Sur, que no gana para sustos en esta semana de infarto. Intentando calmar a la población, el ministro de Defensa en funciones, Kim Seon-ho, convocó una rueda de prensa urgente para desmentir la alarma. «Los rumores sobre indicios de otra declaración de la ley marcial no son ciertos. Incluso aunque haya una orden de decretarla, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor nunca la aceptarán», aseguró tajante.
Kim, que era viceministro, se ha puesto al mando de Defensa después que su titular, Kim Yong-hyun, haya dimitido tras asumir la responsabilidad de que fue él quien le propuso declarar la ley marcial al presidente Yoon. Además de disculparse ante la sociedad, el ministro en funciones ha prohibido al Ejército que destruya o manipule documentos oficiales, ya que pueden servir para las investigaciones abiertas por la Policía y la Fiscalía.
Investigaciones de la Policía y la Fiscalía
Para ello, la Policía ha formado un equipo de 120 agentes que indagarán en las denuncias presentadas contra el presidente Yoon por traición, motín y abuso de poder en su declaración de la ley marcial, que fue abortada por la movilización popular y del Parlamento. Junto a él, serán investigados otros tres personajes clave: el jefe de la Policía Nacional, Cho Ji-ho; su comisionado en Seúl, Kim Bong-sik; y el responsable de las fuerzas del orden en la Asamblea Nacional, Mok Hyung-tae. Con el fin de determinar su responsabilidad, sus teléfonos ya han sido requisados para comprobar las llamadas que hicieron antes, durante y después de la declaración de la ley marcial. Junto a ellos, han sido suspendidos tres altos cargos militares: el jefe del Comando de Defensa de la Capital, teniente general Lee Jin-woo; el jefe del Mando Especial de Combate, teniente general Kwak Jong-keun; y el comandante de Contrainteligencia, teniente general Yeo In-hyung.
Además, el Ministerio Público ha formado otro grupo de medio centenar de investigadores, a los que se sumarán una docena de fiscales militares para ayudar en las pesquisas. La última vez que se constituyeron equipos de esta magnitud fue en 2016, cuando se investigó a la entonces presidenta, Park Geun-hye, por los escándalos de corrupción y amiguismo que llevaron a su destitución parlamentaria y condena a prisión. El mismo camino que ahora parece que va a seguir el presidente Yoon por intentar devolver a la próspera y democrática Corea del Sur a los oscuros tiempos de la dictadura.
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