Máxima tensión en el contingente de 600 militares españoles desplegado en Líbano

Su misión es vigilar el cumplimiento del cese de hostilidades acordado por ambos países tras su última guerra, un objetivo que saltó por los aires tras los ataques de Hamás. Desde entonces se producen incidentes diarios a uno y otro lado de la frontera que han provocado ya varias víctimas mortales y amenazan con desembocar en una gran guerra regional. Prácticamente toda la población que vivía cerca de la línea que separa Líbano e Israel –la denominada 'blue line'– ha emigrado a otros lugares, pero los militares de Naciones Unidas continúan con su misión en la zona intentando que su presencia ayude a una desescalada del conflicto.

A la cabeza de todo este entramado y al mando de unos 3.500 efectivos de nueve nacionalidades diferentes se encuentra el general español Aroldo Lázaro. España, que lleva en el país desde 2006, contribuye con alrededor de 650 militares, la mayoría desplegados en la base Miguel de Cervantes en la localidad de Marjayoun, en el sector este de Líbano, uno de los puntos calientes desde que tambaleó la estabilidad en Oriente Próximo. Este escenario ha empeorado aún más durante las últimas semanas ante las sospechas de que Irán esté preparando un ataque a gran escala sobre Israel en respuesta al asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh.

Pese a todo, fuentes del Estado Mayor de la Defensa (Emad) aseguran que las fuerzas de Unifil continúan realizando su misión, intentando evitar que la zona donde están desplegados los casos azules sea utilizada para acciones hostiles. Los militares españoles también prestan apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas y supervisan el cese de las hostilidades, algo que el Ministerio de Defensa reconoce que «obviamente» ahora no se está cumpliendo. «Nuestras patrullas y destacamentos en la zona de responsabilidad siguen realizando sus cometidos», aseguran fuentes militares pese a las limitaciones que impone el incremento de la tensión. Esta labor incluye la frontera entre ambos países, la zona más peligrosa y escenario del continuo intercambio de proyectiles.

Esto ha hecho que las fuerzas españolas desplegadas en Líbano hayan tenido que incrementar sus medidas de seguridad desde que empeoró la situación. Pese a continuar con sus cometidos, incluidas las patrullas y puestos de observación, es habitual que entren en un nivel 2 de seguridad y tengan que pasar parte del tiempo refugiados en búnkeres.

Sobre el papel, el contingente español continúa con los mismos cometidos que antes de la crisis, aunque con un refuerzo de las medidas de protección para garantizar la seguridad de las tropas, según remarca el ministerio. «Sólo se limitarían las actividades no operativas no esenciales en caso de requerirlo las circunstancias», remarcan desde el departamento dirigido por Margarita Robles.

La seguridad de las tropas españolas desplegadas en Líbano ha sido reforzada también desde España. Hace solo tres meses el ministerio envió una remesa de vehículos blindados para mejorar la protección de los militares en sus patrullas y desactivación de explosivos. El lote incluía vehículos de alta movilidad táctica (Vamtac) y también todoterrenos para el transporte de personal por carretera y palas blindadas para los ingenieros. Las patrullas son precisamente el punto más sensible de las labores de las Fuerzas Armadas españolas y la capacidad de protección de los vehículos es esencial.

La situación fue advertida hace meses por el que era director de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros, que avisó de que los militares españoles usaban vehículos BMR que no soportarían una explosión a su paso. Eso es lo que sucedió en el año 2007, cuando seis militares del contingente español fallecieron y otros dos resultaron heridos en un ataque perpetrado contra su convoy en una patrulla en el sur de Líbano. La solución definitiva que espera el Ejército de Tierra es el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón, en el que el Ministerio de Defensa ha realizado una inversión de 1.600 millones de euros. Su fabricación lleva años en marcha y la ministra Margarita Robles ha pedido ya varias veces a las empresas adjudicatarias que cumplan con los plazos previstos.