Un rescate que debe investigarse

Editorial ABC

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18/08/2024
Actualizado a las 20:31h.

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La operación de rescate del grupo Globalia, propietario de Air Europa y de la agencia de viajes Halcón, presenta una serie de peculiaridades que están aflorando a raíz de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. Según la documentación que ahora obra en manos del instructor, el 11 de junio de 2020, Globalia se dirigió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que entonces encabezaba la vicepresidenta Nadia Calviño para solicitar una ayuda financiera en torno a los mil millones de euros. La respuesta de la Administración fue que se daría traslado a la solicitud para su análisis por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. A tres meses de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia, la situación del grupo de servicios turísticos, que había acordado la fusión de su aerolínea, valorada en mil millones de euros, con Iberia a finales de 2019, era crítica y cada día que transcurría sin ingresos, sus problemas se agravaban.

Gracias a un informe de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha podido establecer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar el rescate financiero de Globalia en un tiempo récord después de que el 24 de junio la esposa del presidente, Begoña Gómez, y el entonces consejero delegado de Air Europa e hijo del propietario y fundador de la misma, Javier Hidalgo, se reunieran en la sede la compañía en Pozuelo de Alarcón. Siete días después de ese encuentro, la SEPI firmó con Globalia el denominado 'Proyecto Acqua', un pacto de confidencialidad por el cual se abrieron los libros de Globalia para que la sociedad estatal estudiara la situación íntima del holding. Hasta ese momento, Globalia sólo había recibido un crédito del ICO por 140 millones para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria.

Sin embargo, dos días después, el 3 de julio de 2020, la operación cambió radicalmente. Ese día, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), un mecanismo de ayuda que fue bendecido por la Comisión Europea a finales de ese mismo mes. Globalia fue derivada a este nuevo mecanismo, pero la empresa decidió circunscribir el rescate únicamente a Air Europa cuyo valor estratégico resultaba indiscutible porque la misma Comisión Europea lo había declarado así al reclamar el expediente de la fusión con Iberia. La aerolínea acabaría recibiendo dos préstamos de la SEPI por 240 millones y 235 millones.

No deja de llamar la atención que el grupo requería mil millones para financiar su supervivencia y terminaría recibiéndolos por distintas vías. En marzo de 2021, Ávoris, participada a medias por Globalia y Barceló, recibió una inyección de la SEPI de 320 millones, y Globalia amplió un contrato de prestación de servicios de viajes al sector público que se había adjudicado en 2017 por 106 millones y que con las prórrogas del Gobierno de Sánchez acabaría elevándose a 215 millones. Este contrato ha centrado la atención de la asociación HazteOír, que forma parte de la acusación popular de este caso y considera que las prórrogas «presentan serios indicios de poder ser irregulares». El troceamiento de los rescates permitió esquivar la fiscalización de la Comisión Europea debido a que ninguna de las partidas por separado superaba los 250 millones de euros, si bien el montante final casi lo duplicó. Todos estos extremos ameritan que la investigación del juez Peinado se siga desarrollando con normalidad para aclarar estas cuestiones de manera exhaustiva.