«Si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada»

La Fiscalía solicita para ellos penas que oscilan entre los ocho y los 27 años de cárcel –hasta 33 en el caso de la acusación popular–, pero, previsiblemente, serán amnistiados por la ley que ultima el Gobierno, tras una enmienda pactada por el PSOE y las formaciones independentistas. Todo ello, a pesar de que tanto el instructor como el Ministerio público apuntan que el objetivo de los acusados era «emplear la violencia en su máxima expresión» para alcanzar la independencia de Cataluña.

Para los CDR, sin embargo, la investigación del Instituto del Armado tuvo el único objetivo de «criminalizar el movimiento independentista» para frenar así las movilizaciones de apoyo a los condenados por el 1-O. Aseguran así que la operación Judas fue un montaje, pese a que en las comunicaciones intervenidas, uno de ellos, Ferran Jolis, llegó a afirmar: «Si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada». Según precisó en sede judicial, a preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, la afirmación fue una suerte de bravuconada durante la época en que comenzó la relación con su pareja.

Los investigadores sostienen que fue Jolis, de 42 años y natural de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), el CDR que fundó el subgrupo ahora procesado: el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), al que se refirió, según consta en el sumario, como «un equipo bastante bestia». Tras ello, se desvinculó de la actividad pública del grupo, ya que a partir de ese momento no podía exponerse porque si le «pillaban con el material, su equipo, las telecomunicaciones, los protocolos, los operativos de seguridad y los repetidores, lo metería en la cárcel».

Tras su detención, este conductor de Ambulàncias Egara, compañía de traslados sanitarios con base en Tarrasa, estuvo tres meses en prisión, hasta diciembre de 2019, cuando salió tras abonar una fianza de 5.000 euros.

En mayo de aquel año, para las elecciones municipales del 26M, había ocupado un puesto como suplente en las listas de la CUP en Santa Perpètua. Para la Guardia Civil, era el «referente informático y tecnológico» del ERT. Conocimientos avanzados que habría empleado para «planificar la logística necesaria para llevar a cabo la ocupación del Parlamento catalán».

A Eduardo Garzón, para quien el fiscal pide 27 años de cárcel, se le atribuye «un papel fundamental en la dirección» del grupo, por su gran ascendencia sobre el resto. «La investigación evidencia su papel de coordinación con otras células dedicadas también a labores de elaboración de la sustancia denominada Termita y en la obtención del material y la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades de la organización», apunta el Ministerio público.

A Garzón se le sitúa en la primera reunión celebrada el 10 de julio de 2019, entre fuertes medidas de seguridad, en Montcada i Reixach (Barcelona), para coordinar la fabricación de sustancias explosivas e incendiarias.

Otro de los acusados en la misma causa es Xavier Buigas, de Sant Viçent del Torrelló y 52 años. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Habría sido el encargado de «preparar la logística» para ocupar la Cámara catalana –en su Seat Alhambra los agentes localizaron anotaciones con la «planificación detallada»: reparto de tareas y funciones–.

En 2011, Buigas, guarda forestal, encabezó la lista de ERC en la localidad de Folgueroles (Barcelona), con el beneplácito y apoyo del líder republicano Oriol Junqueras. Definido como una persona muy implicada con el independentismo y la vida asociativa de este municipio.

Entre los 12 CDR procesados, también Queralt Casoliva, para quien la Fiscalía pide 27 años de cárcel al entender que ejerció «funciones de coordinación» en el «laboratorio clandestino» de otro de los acusados, donde «elaboraban sustancia explosivas y/o incendiarias».

Casoliva, que ahora tiene 45 años, concurrió como número 2 de la CUP a las municipales de 2019 en Sentmenat (Barcelona). Entonces se dedicaba a la elaboración de embutidos, tras haber trabajado en el sector textil y ejercer como monitora de equitación.

Junto a ésta, otra acusada, Esther García Canet, «de su máxima confianza» –y pareja de otro de los procesados, Germinal Tomàs Aubeso–. Para ella, la acusación púbica también solicita una condena de 27 años de cárcel. En 2021, en una entrevista en TV3, relató que estaba de baja. Tras las primeras nueve detenciones, se enteró por carta de que se encontraba entre los investigados. Se considera una de las «represaliadas» del 'procés'.

Marcada activista «radical», perteneciente al CDR de Mollet del Vallés; su papel en la organigrama de la presunta organización terrorista, según las acusaciones, era la «dinamización, dirección y planificación» de sus actividades ilícitas, actuando, rezan los escritos, como «cadena de transmisión» entre ellos. Creando, por ejemplo, uno de los canales – «Batcueva»– «para la fabricación de sustancias explosivas».

Actividades que, según el Instituto Armado, desarrollaban en el domicilio de otro de los acusados: Alexis Codina, de 46 años, en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). García fue la que «presentó» a quienes allí se reunían para «la formación de la citada célula productiva». Según las pesquisas, el «núcleo productor», el enfocado a la confección de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas –como Termita–, lo integraban Tomàs Aubeso, Codina y Jordi Ros. (Todos ellos se enfrentan a peticiones de prisión de 27 años, por parte de la Fiscalía, y de 33, en caso de la acusación popular).

Aubeso, de 47 años, es técnico de mantenimiento en Amazon. Junto a Ros, ingeniero de profesión, de 39 años y natural de Sabadell, durante varios meses se desplazó a casa de Codina donde, según concluyó el Grupo Especial en Desactivación de Explosivos (Gedex), llevaban a cabo «pruebas de campo» en la zona ajardinada del espacio. Allí habrían producido los componentes de la Termita, tras haber adquirido material para ello y consultar diversos manuales –'The terrorist Handbook2'; 'The anarchist's cookbook'–. De hecho, la detención se aceleró ante el riesgo de sus actividades, y es que el 'laboratorio' donde manipulaban sustancias era un cobertizo que se encontraba a pocos metros de la vivienda familiar, donde había menores. Entre los objetivos para perpetrar algún tipo de ataque: la comandancia naval de Barcelona; la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía, o la de la comandancia de la Guardia Civil. «Destaca particularmente el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la comandancia, que Jordi Ros habría llevado a cabo el 18 de mayo 2019, en compañía de su pareja. El mismo consistiría en la grabación de siete vídeos y la toma de 75 imágenes con el terminal móvil del acusado, en los que se observa como éste realiza varias vueltas al perímetro del acuartelamiento a bordo de un vehículo, con el fin de obtener imágenes de todos los elementos perimetrales de seguridad», apunta el escrito de la acusación particular.

La tesis acusatoria es que habrían superado la actividad dentro de los CDR, «conformando una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados», usando explosivos «en los dos laboratorio de los que disponían». Además del de la casa de Codina, el de Ros, en Sabadell, donde se localizaron precursores, entre otros, de Amonal (nitrato amónico y polvo de aluminio). Los encausados alegan que bien eran fertilizantes para el jardín, o cloro para la piscina.

La conexión de los CDR –cuyo origen es anterior al referéndum ilegal de 2017, precisamente para defender su celebración: comités de defensa del referéndum fue el nombre original; y que está formado por células heterogéneas– con los líderes políticos independentistas es más que evidente. Está por ver la responsabilidad. Pero la defensa política de sus integrantes, también los implicados en la operación Judas, se manifestó en el Parlamento autonómico y en declaraciones públicas.

El 11 de diciembre de 2019, Junts, ERC y la CUP utilizaron su mayoría para presentar conjuntamente y aprobar una resolución en la Cámara catalana exigiendo a los tribunales que pusieran en libertad a los CDR acusados de terrorismo y tenencia de explosivos y, entonces, encarcelados por orden de la Audiencia Nacional. Los dos primeros imputados de este grupo salieron diez días después con medidas cautelares: Eduardo Garzón y Xavier Buigas. Para los grupos independentistas la Justicia estaba vulnerando «sus derechos fundamentales».

Pero no solo eso. Junts, ERC y la CUPexigieron también el archivo de la causa. Un objetivo que, ahora, si finalmente se aprueba la ley de amnistía, en trámite en el Congreso, habrán conseguido con creces, pues todo el historial policial, bajo orden judicial, de los acusados quedará en el olvido. En 2019, Cs, PSC y PP votaron en contra y los comunes se abstuvieron. Los socialistas, y los afines a Sumar, cinco años después parece claro que no mantendrían el mismo criterio de voto.

En aquella sesión parlamentaria de diciembre de 2019, al aprobar el texto, la bancada independentista respondió a su victoria levantándose, mirando a la tribuna de invitados y aplaudiendo con devoción. Asistieron al debate, desde la tribuna de invitados, familiares de los detenidos, ataviados con camisetas amarillas (el color utilizado por los impulsores del 'procés') y exhibiendo carteles pidiendo la libertad de los CDR.

Esta votación fue la muestra más evidente del apoyo de los grupos políticos a los acusados de terrorismo. No fue la única. De hecho, desde el mismo momento de la detención (23 de septiembre) el apoyo fue sin fisuras ni dudas. Desde el minuto uno se pidió su libertad. Incluso sin conocer el contenido de la actuación judicial pues entre los objetivos del secesionismo está deslegitimar cualquier actuación judicial que no sea de su gusto. El texto aprobado señaló la existencia de una «causa general» contra el independentismo, que ahora el PSOE ha aceptado, en sus pactos con ERC y Junts, para poder seguir en La Moncloa.

La conexión entre los CDR y los políticos secesionistas era tal (Quim Torra llegó a confesar que una de sus hijas formaba parte de un CDR local en Barcelona) que cuando se conoció que había sido puestos en libertad los primeros miembros de la operación Judas el pleno del parque de la Ciudadela se interrumpió por los aplausos de la bancada de Junts, ERC y la CUP y empezaron a corear gritos de «libertad». Fueron semanas tensas en el plano político.

En septiembre de aquel 2019, solo unos días después de las detenciones, el pleno del Parlamento de Cataluña vivió otro día bronco. Fue en el marco del debate de política general y por una propuesta de la CUP que los letrados consideraron que no debía tramitarse. El rodillo independentista aprobó un texto reivindicando la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales».

Antes de acabar la sesión se supo que el juez Manuel García-Castellón, instructor de esta causa, había ordenado la prisión incondicional de los primeros siete acusados de terrorismo. Los diputados de la CUP se levantaron de sus escaños y dejaron el hemiciclo. Seguidamente, algunos diputados de Junts y ERC iniciaron, de nuevo, gritos de «libertad», que fueron respondidos desde los escaños de CS con la advertencia de que se sentían «amenazados por quienes respaldan el terrorismo».

Al acabar el pleno, el tripartito independentista y los comunes aprobaron una declaración denunciando una «campaña de criminalización» del movimiento independentista, pidiendo el fin de la «represión» y exigiendo la puesta en libertad de los «presos por sus ideas políticas». Curiosamente, el Gobierno, ya en manos de Pedro Sánchez, anunció que recurriría los textos aprobados ante el Tribunal Constitucional. ¿El Ejecutivo haría lo mismo ahora? La duda es razonable.

En esas mismas fechas, Torra, entonces presidente de la Generalitat, en sede parlamentaria y al poco de conocer la detención de los primeros nueve miembros de la operación Judas, aseguró en referencia a los detenidos y el secesionismo: «No permitiré nunca que se quiera asociar un movimiento democrático con el terrorismo. Estamos hartos de amenazas y de que se entre en las casas de los catalanes de madrugada». Y añadió que las detenciones eran «unos hechos gravísimos» y con las que se habrían vulnerado la presunción de inocencia de los implicados. Se estaba creando «un falso relato de violencia en Cataluña», denunció Torra.

El 'president' no se quedó ahí. Un día después de la detención de los nueve primeros CDR acusados de terrorismo, escribió un carta al presidente del Gobierno en la que calificaba a los acusados de ser «ciudadanos comprometidos con su sociedad». Torra se convirtió así en el 'abogado defensor' de los encarcelados. ¿Los conocía? ¿Cómo podía saber sin tener constancia de la causa judicial que eran inocentes? «Fueron detenidos y acusados de terrorismo en una operación judicial-político-mediática», aseguró el presidente autonómico.

Tras su detención el 23 de septiembre de 2019, todos quedaron en libertad bajo fianza. Su intención habría sido «llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias, fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares», reza el auto procesamiento. Ahora, los doce CDR podrían esquivar el banquillo de la Audiencia Nacional por la ley de amnistía.