Rafael Catalá, Ministro de Justicia

Llegó al Ministerio de Justicia procedente de Fomento para apaciguar las aguas tras la salida precipitada de Alberto Ruiz-Gallardón. Y lo consiguió. Esta legislatura repite cartera, con el propósito de llevar a cabo importantes reformas, presididas, eso sí, por el diálogo con todos los partidos y agentes implicados. Rafael Catalá (Madrid, 1961) puede pasar a la historia como el ministro que revolucionó el proceso penal dejando la investigación, por primera vez en España, en manos de los fiscales.

-¿Cuáles son sus prioridades en materia de Justicia?

-Empezamos una nueva legislatura con propósitos renovados, pero con el mismo objetivo que nos pusimos hace dos años: trabajar desde el diálogo y el consenso para alcanzar una Administración de Justicia digital, más ágil, más dotada y mejor organizada, que ponga al ciudadano en el centro de las reformas. Los desafíos que tenemos por delante son muchos y son complejos, por lo que hemos propuesto abordarlos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y con la voz y la experiencia de los profesionales y colectivos que trabajan en esta Administración.

-¿Sin suficiente apoyo parlamentario podrán salir adelante las reformas que tiene pensadas?

-Estamos ante un tiempo nuevo en el que se imponen el diálogo y la mano tendida para alcanzar grandes consensos políticos que permitan edificar soluciones estructurales y duraderas que beneficien a una amplia mayoría de ciudadanos. Independientemente del signo político de cada uno, todos coincidimos en que la reforma de la Justicia es inaplazable, y existe una firme voluntad para llevarla a cabo.

-Una de ellas, la más importante quizá, sea dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. ¿Se darán los primeros pasos en 2017?

-Sí, sin duda. Nuestro compromiso, y para ello vamos a ponernos ya mismo a trabajar, es abordar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestra Justicia penal no puede seguir funcionando con una ley del siglo XIX que ha sido modificada en 75 ocasiones. Estamos ante un cambio radical y no me cabe duda de que su articulación será un proceso largo, pero que no debería tener vuelta atrás.

-¿Teme que la marcha atrás de determinadas leyes por parte de la oposición vuelva a sobrecargar los juzgados?

-Entiendo que la oposición ejerce su papel al pedir que se revisen algunas de las normas que ha sacado adelante este Gobierno. Leyes que, vaya por delante, han sido el resultado de un esfuerzo por fortalecer derechos ciudadanos. Ahora bien, confío en la responsabilidad de todos para no obstaculizar iniciativas que están dando resultados en el funcionamiento de nuestra Justicia.

-¿Cambiará su estrategia el Gobierno en la lucha contra el desafío independentista?

-Este Gobierno está dispuesto a hablar de todos los asuntos que afectan y preocupan a la sociedad catalana, y a ampliar y reforzar los espacios de diálogo y de negociación que ya existen con la Generalitat. Habrá diálogo y mano tendida, sí, pero nunca para romper principios como la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles. Si se plantean reivindicaciones por encima de la Constitución, estaremos vigilantes para asegurar el cumplimiento de la ley.