La nueva Ley del Juego incluye sanciones de hasta 600.000 euros

El grupo parlamentario del PP ha presentado una proposición de ley del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha en la que plantea una tarifa de 3.200 euros para autorizar la instalación de un casino y de 3.500 euros para juegos y apuestas por medios telemáticos. Esta iniciativa será calificada hoy por la Mesa de las Cortes, y en ella se establece que para instalar un establecimiento de juego la licencia costará 1.100 euros, 800 en el caso de una zona de apuestas en recinto deportivo y 30 en un establecimiento de hostelería.

La propuesta del PP incluye un régimen sancionador, con multas que pueden llegar a 600.000 euros. Las sanciones muy graves (entre 6.000 y 600.000 euros) castigarán la fabricación de canales de distribución de juegos no autorizados, la ausencia de autorización, la alteración de los límites de las apuestas, la utilización de documentos falsos, la cesión indebida de las autorizaciones concedidas, la coacción o intimidación sobre los jugadores o la manipulación de los juegos.

Las sanciones graves (entre 3.000 y 6.000 euros) se aplicarán por permitir la práctica de juegos a personas que lo tienen prohibido, la falta de hojas de reclamación o no disponer de ficheros de los visitantes a los lugares de juego. Se incurrirá en una sanción leve (hasta 3.000 euros) por interrumpir sin causa justificada un juego o participar en juegos o apuestas ilegales. El Consejo de Gobierno será el órgano competente para imponer sanciones por infracciones muy graves cuando la multa exceda de los 60.000 euros.

En cuanto al control del juego, se realizará por funcionarios habilitados por la consejería competente, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad y estarán facultados para examinar locales y maquinaria.

Los organizadores de juegos no podrán tener antecedentes penales y ni estar sometidos a procedimiento de concurso de acreedores. Deberán también estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Castilla-La Mancha.

El personal empleado deberá carecer de antecedentes penales, mientras que los usuarios tendrán que ser mayores de edad . No podrán participar aquellos que soliciten su exclusión voluntaria, los que sean directivos de empresas de juegos, los organizadores de juegos o personas que presenten síntomas de embriaguez o intoxicación por drogas.